SEVILLA.- El Gobierno ha acordado la necesidad de ocupar los terrenos del paraje
de El Algarrobico en Carboneras donde se asienta el hotel
promovido por Azata del Sol para avanzar en el proceso de expropiación
parcial de los suelos iniciado el pasado mes de febrero de cara a
derribar el inmueble, toda vez que ha rechazado las alegaciones
interpuestas por la sociedad mercantil al expediente.
En una
reciente resolución, el delegado de Gobierno
en Andalucía, Pedro Fernández, acuerda aprobar con carácter
"definitivo" los 16.432 metros cuadrados de "suelo no urbanizable" en
los que se asienta la parte del edificio que invade el dominio público
marítimo-terrestre como bien a ocupar en la expropiación forzosa.
De este modo, insta a Azata del Sol, como "única interesada" en la
expropiación, a proponer un precio que propicie la adquisición "por
mutuo acuerdo" del edificio, formule la respectiva hoja de aprecio y
haga una propuesta mediante la que fijar los criterios de valoración.
El acuerdo, sobre el que cabe recurso de alzada, supone la
expropiación de solo una parte de los 32.654 metros que ocupa toda la
superficie del hotel enclavado en el sector ST-1, cuya otra mitad se
adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
sobre el que es competente la Junta de Andalucía.
El Gobierno
andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para
propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de
anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras
en 2003; una cuestión que depende del Consistorio y sobre la que la
propia Junta pidió al TSJA que declarara un plazo "final y perentorio"
para que ejecutar la sentencia que ordena la revisión de ese permiso
municipal.
A través de la resolución, el delegado de Gobierno
en Andalucía apunta que, con lo actuado hasta la fecha, queda
"demostrada" la necesidad de ocupar la parte de la construcción que
invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el
tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa que se
fijó en el plazo de cinco meses desde febrero.
A preguntas de los periodistas en Sevilla, la ministra para la
Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha manifestado que el Gobierno
confía en que el proceso expropiatorio pueda culminar "a lo largo de
este año" y se pueda actuar en la zona sobre la parte del hotel en la
que el Gobierno tiene capacidad, tal y como defiende.
La
ministra considera que el Ejecutivo podrá seguir adelante en el proceso
más allá de que Azata del Sol interpusiera un recurso
contencioso-administrativo sobre el acuerdo del Consejo de Ministros del
pasado mes de febrero por el que se iniciaban los trámites para
declarar de utilidad pública la actuación.
En este sentido,
el Gobierno defiende su legitimidad para efectuar la expropiación a
través de este acuerdo que, según sostiene la Abogacía del Estado, es
"plenamente ejecutivo" puesto que "no consta la petición de suspensión
de dicho acuerdo" por parte de la promotora del hotel.
Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo al procedimiento de
expropiación de cara a intentar anular el procedimiento al entender,
entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien
delimitados y no se reflejaban todos los datos en relación al inmueble.
La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de
evidenciar la "incorrecta" descripción.
De igual modo, desde
la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes
garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de
justificación a la hora de expropiar los terrenos.
Frente a
ello, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a
partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la
Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de
ocupación esgrimido para validar el proceso.
En este sentido,
desde el Gobierno defienden la correcta identificación de los suelos a
expropiar al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente
al terreno afectado por la Ley de Costas, al afectar a una zona litoral,
y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una
veintena de plantas a medio construir.
Así, defiende la
imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra
al tratar se de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha
sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de
que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún
anulado.
Recalca así que el uso y destino del hotel es
"incompatible" tanto "con la zona de servidumbre de protección" como en
su "inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN)" de Cabo de Gata.
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