La APDH ve "responsabilidad institucional" en la muerte de un migrante por posible electrocución en Níjar

 ALMERÍA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha señalado la "responsabilidad institucional" que existe ante la muerte de un migrante de 34 años en el poblado chabolista de Atochares el pasado 17 de junio, quien habría resultado aparentemente electrocutado según algunos de los indicios que maneja la Guardia Civil.

La entidad ha trasladado en una nota su "más profundo pesar" por esta muerte "absolutamente evitable" ante la que ha incidido en el papel de las Administraciones, pues "a pesar de tener conocimiento de estas situaciones" de pobreza e infravivienda, "parecen permanecer pasivas, permitiendo que la precariedad y la vulnerabilidad de estos trabajadores sigan siendo la norma".

La entidad recuerda que "la situación extrema en la que viven miles de trabajadores migrantes, cuya mano de obra es imprescindible para la industria agroalimentaria de las provincias de Huelva y Almería, es de sobras conocida por los ayuntamientos, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno central".

A pesar de ello, según ha señalado la entidad, "lo único que las administraciones públicas hacen al respecto es invisibilizar esta dramática situación y anunciar medidas cosméticas que, hasta el momento, no se traducen en una mejora de las condiciones de vida del colectivo".

"Hay políticos que aprovechan toda suerte de tragedias para alentar el odio contra un colectivo vulnerable como es el de las personas migrantes", han añadido antes de criticar las declaraciones alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso, ante el mensaje "profundamente racista y xenófobo" trasladado en redes sociales en el que vinculaba inmigración y criminalidad.

Apdha señala que "hace ya más de dos décadas que miles de personas viven en condiciones de semiesclavitud en las provincias de Almería y Huelva ante la desidia de las administraciones y la voracidad y el egoísmo de quienes explotan sin miramientos a estas personas".

La entidad andaluza explica que "los y las trabajadoras migrantes de la industria agroalimentaria de Almería y Huelva viven en chabolas construidas con materiales desechables, sin suministro eléctrico, sin acceso al agua potable y con el miedo permanente a ser víctimas de incendios accidentales o provocados".

Mientras esto sucede, según han ahondado, "las administraciones públicas y las personas que los emplean en sus explotaciones agrícolas no cumplen con su obligación de garantizarles un alojamiento digno y seguro".