ALMERÍA.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía ha evitado 313 desahucios en un año en la provincia
de Almería y ha abierto un total de 474 expedientes desde que se puso en
marcha la oficina provincial del Programa Andaluz de Defensa de la
Vivienda.
"Ha cumplido su objetivo fundamental: que las personas que acuden a
nosotros para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas", ha
resaltado en un comunicado la delegada territorial de Fomento y
Vivienda, Encarna Caparrós, que ha afirmado que estos resultados
demuestran que cuando la administración "rompe la neutralidad y se pone
de parte de las víctimas de la crisis, es posible hacer políticas
efectivas a su favor".
En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 77 personas,
el 16,2 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando
aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en
informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias
en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para
evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas
abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa
evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de
vulneración de su derecho a la vivienda.
La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total
de 313 personas han sido atendidas en esta fase, el 66,03 por ciento del
total, y todas han evitado su desahucio. "Se trata de familias que
quieren pagar, pero que no pueden y que gracias a la intermediación de
la Consejería, siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las
entidades financieras", ha indicado Caparrós.
De estas 313 familias, 291 se han acogido al protocolo de
intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el
proceso. La solución para estas personas ha consistido en el
asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a
alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda
hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado
también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia
gratuita.
En esta misma fase de intermediación, 22 personas han acudido
solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de
las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia
de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de
interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles,
suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.
"Estos resultados ponen de relieve que la política sí puede
cambiar las cosas a favor de los trabajadores, pero no deben llevar al
triunfalismo", ha afirmado Caparrós, quien ha recordado que "los
problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y
persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso
que lo sustenta no legislen a su favor".
En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda, la Consejería ha abierto 84 expedientes, un 17,7 por ciento
del total de casos atendidos. Las personas que demandan este servicio
tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han
visto vulnerado su derecho a la vivienda. .
Caparrós ha destacado el "fuerte impulso" que ha dado a la fase de
protección del Programa la aprobación de la Ley de Función Social de la
Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas
embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión
social a fin de evitar el desahucio.
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