BRUSELAS.- La Comisión Europea analizará la evacuación de un grupo de 83
subsaharianos, expulsados esta madrugada de la isla Tierra, donde
llegaron el domingo por la mañana. El portavoz de la Comisión, Michele
Cercone, ha dicho que «Bruselas está siguiendo los acontecimientos y, si
se considera que no se han respetado todos los principios del derecho
internacional, se pedirán más detalles a las autoridades».
Bruselas, ha dicho el portavoz, ha recordado «a España, como al resto
de países, que se deben respetar los principios y obligaciones del
derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide
las expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias
individuales de cada persona y sus opciones al asilo.
De los 83 inmigrantes desalojados por la Guardia Civil de la Isla
Tierra, 73 han sido entregados a la gendarmería marroquí. España ha
acogido a otros 10 inmigrantes, dos mujeres y ocho niños, según el
acuerdo alcanzado entre España y Marruecos.
Siete de esos menores y las dos madres han sido trasladados a
Melilla, donde han ingresado en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) y en dos centros de acogida dependientes de la ciudad
autónoma, tras ser sometidos a un reconocimiento médico.
Solo uno de ellos, de unos 15 años, que padece diabetes, permanece
ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla debido al tratamiento con
insulina que necesita.
El Gobierno español ha destacado el «éxito» del desalojo llevado a
cabo por la guardia civil y da por reconducida una situación «anómala».
Varias ONG consideran «ilegal» la entrega a Marruecos de 73 de los
evacuados. Las ONG Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de
Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación
Ellin y la Federación SOS Racismo han firmado un manifiesto en el que
aseguran que no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley
de Extranjería al entregar a la gendarmería marroquí a la mayoría de los
inmigrantes. Estas asociaciones han criticado que se haya resuelto de
forma colectiva la suerte de los inmigrantes evacuados cuando la norma
obliga a estudiar caso por caso de forma individual. «No se ha
posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo y
han sido entregadas a un país que viola sistemáticamente los derechos
humanos de las personas inmigrantes», señala el documento.
Por su parte el secretario de Ciudades y Política Autonómica del
PSOE, Antonio Hernando, de visita en Melilla, ha manifestado que su
partido no va a pedir «bravuconadas» ni va a hacer reproches al
Ejecutivo en esta materia, como sí hicieron los populares con el
anterior Gobierno socialista.
Según ha dicho, el PSOE respaldará al Gobierno para que mantenga una
relación de coordinación y cooperación con Marruecos que ayude a un
mejor control de los flujos migratorios, así como para que se dé un
trato humanitario a los inmigrantes que están llegando a España.
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