miércoles, 5 de septiembre de 2012

El Gobierno asegura que el desalojo de inmigrantes de la Isla de Tierra ha sido 'pacífico'

MELILLA.- El Gobierno ha asegurado que ha sido "pacífico", mientras que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha considerado que fue ilegal, por lo que estudia presentar una denuncia internacional por el desalojo de los casi 90 inmigrantes de la Isla de Tierra.

   El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha explicado que 73 personas han sido trasladadas a Marruecos, mientras que las "más vulnerables" --dos mujeres y ocho niños-- fueron llevados anoche a Melilla, donde han recibido atención hospitalaria.
   Todos se encuentran en buen estado de salud, excepto un niño que padece diabetes y que está recibiendo tratamiento.
   También, el delegado del Gobierno en Melilla ha indicado que la mayoría de las personas que se encontraban en el islote español eran de origen subsahariano, ninguno marroquí y cabe la posibilidad de que alguno de ellos fuera argelino.
   Asimismo, ha señalado que desconoce qué va a pasar con los inmigrantes trasladados a Marruecos y ha advertido que el acuerdo entre España y este país comprende devolver a estas personas a la costa marroquí, que es desde donde partieron para llegar a la Isla de Tierra.
   Abdelmalik El Barkani ha lamentado la situación que se lleva repitiendo desde la semana pasada con la llegada de inmigrantes a islotes españoles, debido al "férreo control" de la valla de Melilla, y ha advertido que se trata de una "nueva vía" utilizada por las mafias "que se lucran con el tráfico de seres humanos".
   Preguntado por las más de 300 personas que desde el sábado por la noche han intentado saltar la valla de Melilla, el delegado del Gobierno en esta ciudad autónoma ha avisado que esta situación se va a repetir.
   "Es necesario tenerlo en cuenta porque sabemos la situación de desesperación que están viviendo los inmigrantes. Lo seguirán intentando en cualquier momento", ha asegurado.
   Sin embargo, la secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha considerado que el Gobierno "ha violado la legislación española e incumplido sus compromisos", por lo que la organización estudia denunciar el caso ante los organismos internacionales.
   Galán ha explicado que "no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería --que prohíbe las expulsiones colectivas--, ni se ha permitido que posibles solicitantes de asilo puedan hacer su solicitud".
   En este sentido, Galán, basándose en la experiencia de CEAR con personas deportadas a Marruecos, ha afirmado que si los expulsados desde Isla de Tierra siguen "el mismo destino" que otros en su situación, "se les dejará en la frontera con Argelia, donde los subsaharianos son bastante vulnerables porque hay mucha susceptibilidad contra ellos".
   "Vamos a intentar localizarles y entrar en contacto con ellos. Queremos tener la certeza de qué ha pasado con esas personas y estamos en proceso de valoración para ponernos en manos de organismos internacionales de derechos humanos y ver si se puede condenar esta situación", ha concretado.
   También, el portavoz de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán, ha denunciado que el desalojo habría abierto una nueva vía para la inmigración clandestina y es equiparable a abandonar una patera a la deriva y dejar que se hunda por no fomentar la vía marítima.
   "El tratamiento que han tenido en este islote es el mismo que habría tenido una patera a la deriva que en vez de ser rescatada y llevada a puerto, hubiera sido atendida por otra embarcación que, puntualmente, le hubiese proporcionado agua y alimentos", ha señalado.
   El representante de SOS Racismo ha incidido en que "eso no es lo que marca el derecho internacional: cuando hay una persona en situación de riesgo, el Estado tiene obligación de rescatarla" y, en este caso, "esas personas requerían una asistencia inmediata" por lo que, a su juicio, "debían ser rescatadas, ser atendidas y llevadas a la Península".
   Mazkiarán ha considerado que "no se puede consentir" que desde las autoridades se esgrima el argumento de que de haber trasladado a estos migrantes a la Península o a Melilla, se habría consolidado una nueva vía de inmigración irregular. En su opinión, "hay que primar el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales" de los que España, es suscriptor.
   Por otro lado, el coordinador general del proyecto de Médicos Sin Fronteras en Marruecos, David Cantero, ha afirmado que la situación es "delicada" para los subsaharianos que se encuentran en Marruecos, donde la organización humanitaria ha visto duplicarse en los últimos meses las peticiones de asistencia cursadas a personas que han sufrido algún tipo de violencia, en muchos casos relacionada con la actuación policial.  
   Además, Cantero ha recordado que sólo en junio, la organización atendió 200 consultas en su unidad móvil en Nador y en muchos casos, de personas que decían haber sido golpeadas por las fuerzas policiales marroquíes cuando intentaban cruzar a España. Otras se habían herido en contextos violentos, como la huída de una redada.
   Según ha explicado, cuando los migrantes subsaharianos llegan a Marruecos tras recorrer en ocasiones miles de kilómetros por el continente africano, lo hacen en una situación muy vulnerable. "Llegan después de un periplo realmente duro en el que han sufrido todo tipo de violencias, sobre todo violencia sexual en los casos más vulnerables de mujeres y menores", ha explicado Cantero.
   El coordinador en la zona de MSF afirma que "la única ayuda" que reciben estas personas es la que les presta la organización humanitaria y "con eso construyen tiendas de campaña con plásticos y mantas", pero de poco sirven teniendo en cuenta que en lugares como Oujda, sufren "temperaturas extremas" que superan los 40 grados centígrados en verano y caen bajo cero en invierno.
   Cuando en un momento determinado, se deciden a intentar saltar la valla de la frontera con Melilla o lanzarse al mar hacia la costa española y son sorprendidos por la policía marroquí, lo más habitual es que sean "detenidos y deportados a la frontera argelina", desde donde suelen dirigirse a la ciudad de Oujda, para después regresar a Nador y volver a intentarlo.
   Cantero ha afirmado que este verano no es distinto a los demás en cuanto al número de personas que se posicionan en Marruecos para intentar llegar a Europa, aunque incide en que "hablar de cifras es muy delicado y complicado debido a la movilizad de la población migrante.

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