ALMERÍA.- La jueza instructora del caso 'Poniente', por el que se investiga una presunta trama de corrupción municipal en El Ejido que mantiene imputado por la supuesta comisión de hasta cinco delitos al alcalde, Juan Enciso (PAL), ha dado trasladado este martes a las partes personadas de cinco nuevos tomos con las actuaciones contenidas en el sumario sobre el que se alzó la casi totalidad del secreto a finales de enero.
El contenido facilitado a los letrados no deriva de un nuevo auto para ordenar liberar el resto de diligencias sobre las que continúa el secreto sino que, según han precisado, son las piezas que recogen los resultados de la investigación al ex interventor municipal, José Alemán, y al empresario sevillano, José Amate, imputados en la causa y contenidas en la resolución que dictó el pasado día 24.
En los tomos trasladados este martes a las partes se incluyen actuaciones encuadradas en el procedimiento principal, así como las piezas de medidas cautelares adoptadas sobre los principales imputados y las actas de las entradas y registros que se efectuaron en octubre de 2009 durante la operación policial que se saldó con la detención de 20 personas, entre ellas Enciso, Alemán, Amate y los empresarios Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón.
Figura, asimismo, una providencia de la magistrada Montserrat Peña por la que se ordena remitir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ministerio de Defensa, el 'volcado' de los ordenadores intervenidos en la sede de Sistemas de Dirección SL, propiedad de Alemán, al detectar la presencia de mensajes encriptados que también habría sido utilizados en las comunicaciones vía correo electrónico.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que la jueza acordó recientemente esta diligencia para descifrar el contenido de los discos duros en los que existen indicios de que pudieran figurar los registros de los pagos o "comisiones" que la mercantil recibía de las sociedades de otros imputados en la causa por "facilitar la contratación con el Consistorio o la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur)".
La sociedad 'Sistemas de Dirección SL, según se recoge en un informe de la Intervención General del Estado, ingresó entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa o indirecta, a través de Elsur. El mismo informe apunta que no sería "aventurado" asegurar que el ex interventor municipal "ha venido utilizando a sus amistades para facilitar la contratación hacía las sociedades que son objeto de facturación" por parte de su empresa.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2, Montserrat Peña, liberó recientemente la mayor parte de las diligencias incoadas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción en 2007, de forma que las partes pudieron acceder a diversos informes de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que señalan a la presunta trama como un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas públicas "en beneficio propio.
De esta parte de las actuaciones, que dividen la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa, se desprende también que la supuesta trama corrupta que investiga el caso 'Poniente' facturó con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), en la que el Ayuntamiento de El Ejido tiene un 30 por ciento de participación y sustentada con dinero público, alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.
A principios de 2010, se dio traslado a la docena de partes personadas en la causa un total de 22 tomos. Los citados tomos contenían parcialmente la transcripción de las intervenciones telefónicas autorizadas sobre los terminales de los principales imputados en la trama, entre los que figuran el ex interventor municipal, José Alemán, los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, así como uno de los propietarios del Grupo Lirola, quien fue detenido junto a sus dos hermanos en diciembre de 2009.
La magistrada Montserrat Peña decretó el 27 de julio de 2010 la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de los dos últimos arrestados en octubre de 2009 que aún permanecían en prisión, Amate y Alemán. Un mes y medio antes, Juan Enciso abandonaba el centro penitenciario de Albolote (Granada) para reincorporarse al cargo días después.
El alcalde ejidense, a quien la titular del Juzgado número 2 de la capital mantiene retirado el pasaporte, así como la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de personase una vez a la semana en sede judicial, ha anunciado su intención de presentarse a la reelección de cara a las elecciones municipales de 2011 tras casi dos décadas al frente del Consistorio ejidense.
La juez liberó en marzo de 2010 un total de 22 tomos del sumario de caso 'Poniente'. De la transcripción de las escuchas realizadas por la Policía Nacional se desprende que Enciso no era una "persona ajena a lo que estaba sucediendo" y le señala como "vinculado" a José Alemán y a la "infraestructura organizada" con él a la cabeza.
La citada presunta trama liderada por el ex interventor municipal y "grupos de sociedades afines al mismo" se caracterizó durante años, según consta en la instrucción, por "procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas" de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), participada al 30 por ciento por el Ayuntamiento y en un 70 por ciento por 'Agua y Gestión', "perteneciente a Abengoa".
Alemán el encriptador
José Alemán, el ex interventor del Ayuntamiento de El Ejido y considerado inicialmente como el cerebro de la presunta trama de corrupción que investiga la juez Monserrat Peña con el nombre de Operación Poniente, encriptó los archivos de sus empresas con unos códigos informáticos que no han podido ser descifrados por los especialistas de la Unidad Central de Criminalística-Informática Forense.
Entre la documentación que aparece en los cinco tomos sobre los que la juez levantó el secreto el martes, hay un oficio en el que solicita al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de Presidencia del Gobierno, que se encargue de revelar los códigos de seguridad para poder acceder a los contenidos de ciertas comunicaciones que fueron intervenidas en la investigación, así como contenido de los ordenadores requisados en su momento, tanto en las viviendas de Alemán como en las oficinas de Sistemas de Dirección SL, la sociedad que presuntamente utilizaba para blanquear las comisiones recibidas.
Al parecer, algunas de la comunicaciones intervenidas estaban encriptadas, y es que la Policía Judicial no sólo actuó sobre los contenidos de voz de los teléfonos fijos y móviles, también sobre los de datos, incluidos las relacionadas entre ordenadores por distintos protocolos (http, https y ftp, por ejemplo), y es de todo esto de lo que aún hay contenido desconocido.
Hay que recordar que cuando se monta el operativo y se detienen a los primeros veinte imputados el 20 de octubre de 2009, la Policía Judicial y de las unidades especializadas de la Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, entran unos 20 domicilios, en 29 sedes societarias y bloquean 33 cuentas bancarias, y allí se hacen con todo la documentación disponible tanto en soporte papel como soporte informático (ordenadores, pen drive, discos duros externos, cds, dvs). Sobre este último material aún está trabajando el juzgado según se deduce de distintos escritos incluidos en los tomos liberados.
La Operación Poniente tiene a más de sesenta imputados en relación a la presunta trama de corrupción generada alrededor de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido llamada Elsur, por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de dinero y malversación.
Alemán el encriptador
José Alemán, el ex interventor del Ayuntamiento de El Ejido y considerado inicialmente como el cerebro de la presunta trama de corrupción que investiga la juez Monserrat Peña con el nombre de Operación Poniente, encriptó los archivos de sus empresas con unos códigos informáticos que no han podido ser descifrados por los especialistas de la Unidad Central de Criminalística-Informática Forense.
Entre la documentación que aparece en los cinco tomos sobre los que la juez levantó el secreto el martes, hay un oficio en el que solicita al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de Presidencia del Gobierno, que se encargue de revelar los códigos de seguridad para poder acceder a los contenidos de ciertas comunicaciones que fueron intervenidas en la investigación, así como contenido de los ordenadores requisados en su momento, tanto en las viviendas de Alemán como en las oficinas de Sistemas de Dirección SL, la sociedad que presuntamente utilizaba para blanquear las comisiones recibidas.
Al parecer, algunas de la comunicaciones intervenidas estaban encriptadas, y es que la Policía Judicial no sólo actuó sobre los contenidos de voz de los teléfonos fijos y móviles, también sobre los de datos, incluidos las relacionadas entre ordenadores por distintos protocolos (http, https y ftp, por ejemplo), y es de todo esto de lo que aún hay contenido desconocido.
Hay que recordar que cuando se monta el operativo y se detienen a los primeros veinte imputados el 20 de octubre de 2009, la Policía Judicial y de las unidades especializadas de la Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, entran unos 20 domicilios, en 29 sedes societarias y bloquean 33 cuentas bancarias, y allí se hacen con todo la documentación disponible tanto en soporte papel como soporte informático (ordenadores, pen drive, discos duros externos, cds, dvs). Sobre este último material aún está trabajando el juzgado según se deduce de distintos escritos incluidos en los tomos liberados.
La Operación Poniente tiene a más de sesenta imputados en relación a la presunta trama de corrupción generada alrededor de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido llamada Elsur, por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de dinero y malversación.
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