Fuentes del departamento que dirige Elena Espinosa confirmaron que "esperan facilitar" a la organización "en fechas próximas" la decisión después de que Greenpeace comunicase hoy que la ley que rige este tipo de trámites dicta que si la Administración no responde en un plazo de 30 días, el proceso de desistimiento "queda en suspenso por imperativo legal".
Para la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, la falta de respuesta al recurso formulado es "una clara y evidente forma de vulnerar los derechos medioambientales y los derechos a una tutela judicial efectiva".
"Tienen 30 días para contestarnos y para dar credibilidad a sus supuestos argumentos de sostenibilidad. De lo contrario, actuaremos pertinentemente", añadió, ya que, según ahondó, "no han desaparecido a día de hoy los motivos en que se fundamentó en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos en El Algarrobico".
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunció en junio que el Ejecutivo desistía del procedimiento a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) revisase por orden judicial la licencia municipal de obras concedida al inmueble.
El juez de lo contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera declaró en septiembre de 2008 la nulidad de la licencia de obras concedida al inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones en una sentencia en la que se vertían duras críticas contra la actuación de la Junta de Andalucía y la corporación local carbonera.
Licencia nula
En concreto, el Gobierno aludia en su acuerdo al informe que la Abogacía del Estado trasladó al MARM en el que se subrayaba la conveniencia de proceder al desestimiento y advertía de que si se confirma el fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la anulación de acto municipal afectaría a la determinación del valor y, por tanto, el "justiprecio" acordado con la promotora Azata del Sol para el edificio.
En el apartado de fundamentos de derecho, y en respuesta a una consulta escrita de la Dirección General de Costas, la Abogacía del Estado explicaba que el proceso de expropiación "podría quedar vacío de contenido al perder todo su valor el objeto", por lo que, ante lo que califica de circunstancias sobrevenidas en referencia a la sentencia de lo contencioso-administrativo, consideraba como "mejor opción" abandonar.
En esta línea, alertaba de que, de continuar, "no se vislumbra resultado de provecho" para la Administración en un procedimiento sino mas bien "un detrimento de los fondos públicos" ya que, según resalta, exigía el "empleo de importantes recursos y deriva en complejo".
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