SEVILLA.- La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha
sacado a licitación, por un importe cercano a un millón de euros --en
concreto, por 959.888,84 euros con IVA incluido--, la "contratación
centralizada de servicios de naturaleza privada de seguro de vida y
accidentes de altos cargos de la administración de la Junta de Andalucía
y sus entidades instrumentales".
Así se desprende de la
información publicada por la Junta de Andalucía en su página web, en la que se precisa que el valor estimado
del contrato, con una duración inicial prevista de 24 meses, asciende a
2.883.506,81 euros.
No obstante, desde la administración
andaluza contemplan la posibilidad de ampliar la duración de este
contrato "con tres prórrogas anuales de 12 meses de duración cada una",
por lo que "la duración máxima del contrato sería de cinco años", según
se precisa en la memoria justificativa de esta licitación, que viene
firmada por el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo.
A la hora de justificar esta licitación, el citado documento explica
que, "por Orden de 16 de julio de 2015", la entonces consejera de
Hacienda y Administración Pública "declaró de contratación centralizada
las pólizas de seguros para cubrir determinados riesgos en automóviles,
personas, embarcaciones y responsabilidad civil/patrimonial de la Junta
de Andalucía".
Con fecha 31 de diciembre de 2015, "se
suscribió el documento de formalización del contrato de suscripción de
póliza de Seguro colectivo de Vida y Accidentes de Altos Cargos", por un
importe de 193.177,06 euro, "exento de IVA, (...), con una duración
inicial de doce meses, del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre del
mismo año", continúa explicando la memoria justificativa.
Desde la Junta detallan que dicho contrato "se prorrogó en nueve
ocasiones, siendo la última, mediante Resolución de 27 de noviembre de
2024 del Director General de Contratación, por un importe de 346.630,45
euros, exento de IVA, demás impuestos en vigor incluidos, comprendiendo
desde las 00,00 horas del día 1 de enero de 2025 hasta las 24,00 horas
del día 31 de diciembre de 2025".
De esta manera, al haberse
alcanzado "el plazo máximo de duración del contrato incluyendo sus
posibles prórrogas", y "al objeto de mantener las coberturas a partir
del 1 de enero de 2026, se hace necesario plantear una nueva licitación
pública", exponen la Junta para justificar esta iniciativa, para la que
se contempla una inversión de 462.983,16 euros para el actual año 2026, y
496.905,68 euros para 2027.
No obstante, el mismo documento
precisa que, "cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestación a realizar por la persona contratista, como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano
de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato, y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del
contrato originario".
En este nuevo contrato centralizado, "se pretende incluir, en
cumplimiento de la Disposición adicional octava de la Ley 7/2024, de 23
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2025, ya que en anteriores versiones no se incluyeron, el
aseguramiento del riesgo de vida y accidente del personal de las
agencias, los consorcios, sociedades mercantiles del sector público
andaluz, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5
del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía".
Al hilo de esta cuestión, desde el Gobierno
andaluz destacan en esta memoria las "innumerables y lógicas ventajas"
que conlleva "la armonización y unificación de los seguros del Sector
Público Andaluz", traducidas en efectos como "la minoración de costes,
homogeneización y mejoras de coberturas" o "fin de la atomización y
dispersión".
Para esta licitación, la Junta ha descartado "la
posibilidad de dividir" el contrato "en lotes", dado que "el objeto" del
mismo "consiste en la contratación de un seguro colectivo de vida y
accidentes", y "esta prestación presenta una clara unidad funcional, ya
que responde a una necesidad común y homogénea", la de "garantizar una
cobertura aseguradora uniforme para un colectivo específico con
características similares en cuanto a su régimen jurídico, nivel de
responsabilidad y condiciones de trabajo".
Además, "la
finalidad del contrato, cumpliendo con el mandato de las leyes de
presupuestos, es asegurar que todos cuenten con una protección
equivalente frente a los riesgos cubiertos, evitando desigualdades o
diferencias de trato entre órganos o entidades", añade la Junta en su
memoria justificativa, en la que se sostiene que "la división en lotes
podría dar lugar a condiciones dispares en las pólizas contratadas, lo
que contravendría el principio de igualdad y dificultaría la gestión
unificada del contrato".
"Ante la ausencia de índices
oficiales, para la determinación del presupuesto base de licitación"
--prima del seguro--, se han tenido en cuenta "múltiples parámetros con
base a criterios que son flexibles y dependen en gran medida de los
precios y funcionamiento del mercado asegurador, así como de la
siniestralidad observada", según puntualiza también la memoria
justificativa.
El documento precisa que, a la hora de fijar el presupuesto base de
licitación, "se han considerado" datos como "el colectivo asegurado que
se beneficiará de la póliza, incluyendo la fluctuación del número de
altos cargos --si bien se prevé un estancamiento de este--, las
condiciones de cobertura exigidas, y que no se han atendido exclusiones
que se podían considerar debilitar la posición del colectivo asegurado".
Además, desde la Junta se ha propuesto incrementar en esta licitación
el "precio de la prima con respecto al contrato vigente", que "fue
licitado en 2015, hace diez años, como consecuencia de que el ramo de
vida y accidentes en España se ha visto perjudicado por los aumentos de
costes y la siniestralidad".
En concreto, "se ha considerado
una subida del 26,7% en atención al IPC (2015-2025) con respecto a los
precios que sirvieron de cálculo para el presupuesto base de licitación
en el año 2015", según puntualiza el mismo documento, que advierte
además de que, "en la actualidad, con carácter general se aprecia un
endurecimiento de las condiciones del mercado asegurador, tanto por la
situación económica, así como por los riesgos derivados del panorama
internacional".
Asimismo, desde la Junta aclaran que, "en el
caso de la cobertura de accidentes, se ha utilizado una prima unitaria
máxima, que es un valor fijo, habiéndose fijado en 191,33 euros", que
"se ha multiplicado por el número total de personas incluidas en el
colectivo asegurado para obtener el importe correspondiente", que se
cifra en 311 personas.
Para la cobertura de vida, "el cálculo
se ha realizado sumando las primas unitarias anuales máximas aplicables a
cada una de las personas que actualmente forman parte del colectivo de
'Altos Cargos'".
Estas primas se han determinado teniendo en cuenta "la edad de la persona asegurada en su cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de cada periodo anual de la póliza".
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