Gobierno y Junta encaran la novena comisión mixta por el Algarrobico con la licencia del hotel aún en vigor

 ALMERÍA.- La comisión mixta de seguimiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para abordar la demolición del hotel ubicado en el paraje del Algarrobico, en la costa de Carboneras, se reunirán este martes por novena ocasión para evaluar sus objetivos con respecto a la recuperación del espacio natural y el derribo del inmueble, cuya licencia de obras sigue vigente 23 años después de su concesión.

Ambas administraciones suscribieron en noviembre de 2011 un protocolo para, mediante un plan conjunto, restaurar la playa en la que se permitió construir uno de los símbolos más relevantes de la especulación urbanística en España, si bien el órgano ha dado hasta ahora pocos pasos efectivos al respecto, llegando a separar posturas en el último de sus encuentros.

La Junta, que ostenta ahora la presidencia rotatoria de la comisión, decidió finalmente convocar el encuentro solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica para el próximo 23 de junio a las 11,00 horas a pesar de no cumplirse la condición que había puesto: que el Ayuntamiento de Carboneras aprobara la anulación de la licencia de obras del hotel.

Los hechos se precipitaron el pasado miércoles 17 de junio, después de que el Pleno de Carboneras votara por mayoría aplazar hasta reunir nuevos informes la revisión del expediente para declarar nulo el permiso concedido en 2003 bajo gobierno local socialista, lo que dejaba de nuevo sin respuesta inmediata el mandato judicial del TSJA.

Dicho aplazamiento contó con el voto favorable de cinco concejales del PSOE --expedientados por Ferraz debido a su acción-- y dos concejales no adscritos, entre los que figura Felipe Cayuela como el proponente de la medida.

A pesar de que el expediente contaba con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), lo ediles dudan de las consecuencias económicas que la medida puede acarrear al Consistorio, presidido actualmente por Salvador Hernández (C's), quien anunció que remitiría el acuerdo al TSJA y al CCA para saber cómo actuar al no haber podido dar cumplimiento a la sentencia.

Al respecto, Greenpeace ha anunciado que pedirán al alto tribunal andaluz la ejecución forzosa del fallo para enterrar la licencia de una vez por todas como ya ha solicitado en muchas ocasiones; una postura a la que se ha unido la Junta y que también ha anunciado el Ministerio, recientemente personado en la causa.

Según se ha constatado con fuentes de ambas administraciones, en diez años se han producido solo ocho reuniones de la comisión mixta del seguimiento del protocolo, incluida la sesión de constitución celebrada el 7 de marzo de 2016 en Sevilla, esto es, casi cinco años después de que se firmara el acuerdo.

En esa primera cita, las administraciones se comprometieron a presentar al mes siguiente un plan de actuación con las garantías jurídicas necesarias para la demolición, aunque no fue hasta el 21 de septiembre cuando el órgano bilateral aprobó un conjunto de actuaciones que contemplaba, como primera acción, que la Junta ejercitara en los tribunales el derecho de retracto --iniciado por resolución administrativa en 2006-- para hacerse con la propiedad de los suelos.

El Gobierno andaluz llegó a contar en 2016 con una sentencia firme del Tribunal Supremo que le otorgaba ese derecho pese a la oposición de la promotora Azata. Sin embargo, la medida quedó en punto muerto y sin ejecutar por la vía civil --como determinó el Supremo-- la devolución de los suelos, por los que se llegaron a depositar 2,3 millones de euros.

La comisión mixta no se volvió a reunir hasta el 21 de diciembre de 2017, en su primer encuentro en Madrid presidido por la Administración central, precisamente para determinar cómo conseguir la inscripción registral de las fincas de El Algarrobico a nombre de la Junta de Andalucía en ese pleito por la vía civil que, a la postre, no se llegó a materializar.

Aunque ambas administraciones manifestaron entonces su posición común de acatar la sentencia que abocaba a ejercer el retracto, años después el actual Gobierno andaluz ha desechado consumar esta posibilidad al verla inejecutable, por lo que ha estrechado su posición sobre cómo recuperar El Algarrobico al cumplimiento de las sentencias judiciales.

El órgano bilateral celebró en Madrid una cuarta reunión el 12 de septiembre de 2018 con el PSOE al frente tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía sin que trascendiera ni su convocatoria ni su contenido, de modo que no se produjeron nuevos contactos hasta 2020, cuando ya el Ejecutivo andaluz estaba liderado por el 'popular' Juanma Moreno.

En ese quinto encuentro --el primero telemático debido a la pandemia de covid-19-- la posesión de los terrenos se planteaba aún como piedra angular de la intervención por parte de las Administraciones, de modo que el Ministerio para la Transición Ecológica desplazaba sobre la Junta la responsabilidad de hacerse con los suelos para abordar la demolición.

Así, desde el Miteco se volvía a incidir en el papel que correspondía a cada parte: el Gobierno financiaría la demolición del hotel mientras que la Junta de Andalucía se ocuparía de las tareas de desescombro y la gestión de residuos, si bien dejó de abordarse qué acciones conjuntas irían destinadas a recuperar los suelos para iniciar las correspondientes intervenciones.

En los años posteriores, la comisión mixta ha celebrado otras reuniones telemáticas presididas por la Administración central el 30 de mayo de 2023 y el 11 de marzo de 2024 sin que se diera a conocer el contenido de dichos encuentros, siendo el último de ellos el 4 de marzo del pasado año.

La última reunión tuvo lugar apenas unas semanas después de que la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara un plan para expropiar los terrenos del Algarrobico, en concreto, la mitad del inmueble que invade la zona de servidumbre de protección de cien metros desde la ribera del mar y sobre la que la Dirección General de la Costa y el Mar tiene competencias.

El vía unilateral, según recalcó la Junta de Andalucía, supuso un punto de inflexión visible en el seno de la comisión en la que separó sus caminos a la hora de entender cómo abordar el derribo del hotel, ya que desde el Gobierno andaluz se cuestionó la idoneidad de comenzar un nuevo proceso que podría "eternizarse" con recursos judiciales.

Mientras, desde el Gobierno central se ha insistido a la Junta para que una a la vía de la expropiación y se haga con los terrenos que el edificio ocupa en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, toda vez que el suelo recuperó su declaración de espacio protegido de especial protección tras el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Carboneras de la sentencia que le instaba a ello.

Desde el Consistorio se ha pedido "altura de miras" para articular una "solución definitiva" al "conflicto" derivado del hotel y que se "compense del daño" sufrido a este pueblo costero. Aunque la comisión no incluye a Carboneras, la entidad tiene la potestad invitar a organizaciones y entidades a participar.

El protocolo señala como objetivo primordial establecer un marco "estable" de colaboración entre el Estado y la Junta para garantizar la actuación "coordinada" destinada a la demolición del hotel y a la posterior restauración ambiental del paraje conforme a normativa y pronunciamientos judiciales.

Para ello, la comisión mixta de seguimiento tiene como funciones adoptar un "plan de actuación conjunto", elaborar un borrador del acuerdo de cofinanciación para ejecutar dicho plan y efectuar un seguimiento del mismo para velar por su correcta aplicación.