CCOO Enseñanza Almería denuncia la precariedad laboral en los centros de menores

 ALMERÍA.- El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Almería expresa su profundo rechazo y consternación por el asesinato de Belén Cortés, educadora social de 35 años, en un piso tutelado de Badajoz. Este trágico suceso pone de manifiesto la desatención de las Administraciones Públicas y las precarias condiciones laborales que enfrentan diariamente los profesionales del sector.

CCOO ha recordado que, lleva tiempo denunciando la insostenible situación en estos centros, que ha culminado en la terrible pérdida de una compañera. Esta tragedia es consecuencia de años de privatización de servicios sociales, donde empresas compiten con ofertas económicas que afectan negativamente a las condiciones laborales, seguridad y formación de los trabajadores.

 Numerosas licitaciones recientes no cumplen con lo establecido en el Convenio Colectivo del sector ni con la normativa de prevención y protección laboral, derivando en ratios trabajador/menor inadecuadas, turnos agotadores y falta de recursos para atender adecuadamente a los menores.

El sindicato exige una investigación exhaustiva no solo de las circunstancias de la agresión mortal, sino también de posibles irregularidades en las adjudicaciones de servicios y la supervisión de todos los centros. 

Además, CCOO reclama auditorías inmediatas en todos los centros de menores para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y la normativa vigente. También solicita la reversión de las privatizaciones de los servicios sociales, la suspensión de las licitaciones a la baja y la revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas. 

Asimismo, es fundamental implementar protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas y realizar un análisis riguroso del perfil de los menores para asignarlos al recurso adecuado.

Finalmente, el sindicato provincial de Enseñanza ha señalado que la privatización de estos servicios por parte de la Junta de Andalucía conduce a licitaciones a la baja, afectando las garantías de salud y seguridad para los trabajadores. Exigen que el sector se haga público y que, mientras existan licitaciones, se aseguren condiciones dignas para los empleados