El subdelegado asegura se "están poniendo todos los medios" para "erradicar" la actividad de las 'narcolanchas'

 ALMERÍA.- El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este viernes que se están "poniendo todos los medios" para "erradicar" la actividad de las mafias que operan en la costa de Almería a través de 'narcolanchas' y embarcaciones rápidas para fomentar el tráfico de drogas y la inmigración irregular.

Ante los avistamientos en aguas de Cabo de Gata de este tipo de embarcaciones en los últimos días, una de las cuales arremetió contra una patrullera de la Guardia Civil mientras huía, el subdelegado ha incidido en el aumento de efectivos de los últimos seis años en un 11%, hasta los 260 agentes de la Guardia Civil, dentro de las actuaciones para reforzar la lucha contra el 'narco'.

"Es una cuestión en la que no es que estamos preocupados, sino que estamos ocupados y estamos poniendo medios para dar solución a esta actividad delictiva", ha indicado Martín en declaraciones a los medios, a los que también ha asegurado que se trabaja para la adquisición de "medios materiales" que den soporte a los agentes.

Con ello, ha felicitado a los agentes ante la detención de uno de los tripulantes de la embarcación que embistió el pasado domingo a los agentes de la Guardia Civil que los perseguían, lo que ocasionó solo daños materiales en la patrullera. "Ese es el camino que vamos a seguir trabajando", ha animado.

Frente a las críticas recibidas desde algunas formaciones políticas y representantes de municipios costeros por la proliferación de mafias, el subdelegado ha resaltado el "buen hacer" de las fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen organizado, sentido en el que además ha recordado la importancia de que Almería esté incluida desde 2022 en el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar "para extender los medios".

"Durante los tres años de implantación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar se han realizado más de 2.300 actuaciones en la provincia de Almería, 1.800 detenciones y la incautación de 300 embarcaciones tipo narcolancha, que es una cantidad importantísima", ha resumido.

Martín ha abogado por continuar en esta línea ante un problema que enfrenta "prácticamente todo el litoral mediterráneo" y "seguir las indicaciones o las prescripciones" establecidas para acabar con estas mafias en el marco de "las normas del ordenamiento jurídico" así como "velar por la seguridad de los agentes".

"Son organizaciones que evidentemente se dedican a una actividad delictiva y que tienen otras redes de apoyo logístico contra las que también hay que luchar", ha observado Martín para dar cuenta del trabajo que también se realiza para desarticular las redes de 'petaqueo' que dan soporte a las mafias al facilitar combustible y medios materiales.

El representante del Gobierno en Almería ha dado cuenta de algunas operaciones contra el contrabando que se han saldado con la detención de "una gran cantidad de personas que estaban en estas redes de apoyo logístico" y la incautación de embarcaciones y combustible.

Era la respuesta a una denuncia de sindicatos de la Guardia Civil al PP de Almería, entre ellos la Federación de Andalucía y la Delegación de Almería de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se han reunido con cargos públicos del Partido Popular en Almería para darles cuenta de las "graves deficiencias" que afectan a ambos cuerpos policiales.

La Federación de Andalucía y la Delegación de Almería de la Asociación Unificada de Guardias Civiles han mantenido una reunión con diputados, senadores, alcaldes y representantes ciudadanos del Partido Popular, así como con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). 

En este encuentro se abordaron las graves deficiencias que afectan a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Almería, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular.

Deficiencias en infraestructuras y medios

Durante la reunión, se trasladó el abandono institucional y la falta de inversión en infraestructuras esenciales. Se destacaron casos concretos como:

·       El traslado no realizado del Cuartel de la Guardia Civil de Níjar, proyectado para octubre de 2023.

·       La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vera, cuya licitación no está prevista hasta 2026.

·       La situación del cuartel de Roquetas de Mar, donde las mejoras llevan años postergándose.

Además, se alertó sobre la insuficiencia de medios marítimos para controlar los casi 200 kilómetros de costa de la provincia. A pesar del esfuerzo de la Guardia Civil por mantener operativas sus embarcaciones, se han registrado incidentes graves, como dos embestidas kamikazes de narcolanchas en los últimos meses. 

El Cabo de Gata se enfrenta a una creciente contaminación por restos de embarcaciones calcinadas y materiales abandonados, lo que representa un potencial desastre ecológico.

Falta de agentes y equiparación salarial incumplida

Otro punto clave tratado en la reunión fue la falta de agentes y el modelo policial obsoleto. Se recordó que la cláusula tercera del acuerdo de equiparación salarial contempla la asignación de 100 millones de euros anuales durante tres ejercicios (300 millones en total) para el reingreso al servicio activo de compañeros en Segunda Actividad y Reserva, una medida que sigue sin cumplirse.

Además, se puso sobre la mesa la creación de "Unidades Fantasma" en la Guardia Civil y la insuficiencia de personal en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), incapaz de gestionar el creciente flujo migratorio. 

También se cuestionó la decisión del Gobierno de reforzar con 1.800 agentes a los Mossos d'Esquadra, mientras que, en Andalucía, una de las regiones más afectadas por la inmigración y el narcotráfico, no se toman medidas de similar contundencia.

Inseguridad y necesidad de reformas legislativas

Se alertó sobre el aumento de la violencia contra los agentes de seguridad, incluyendo recientes agresiones y ataques como el incendio intencionado de un coche patrulla en Adra tras varias incautaciones de drogas. 

Se criticó que, pese a que la Secretaría de Estado de Seguridad anunció hace un año un endurecimiento de penas tras el asesinato de guardias civiles en Barbate, estas reformas aún no se han implementado.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de considerar el "petaqueo" (uso de embarcaciones pequeñas para el narcotráfico) como delito, ya que actualmente solo se sanciona con multas irrisorias. También se propuso aumentar las penas por atentado contra agentes de la autoridad, pasando de seis meses a tres años, a un rango de dos a cuatro años.

Por todo ello, "desde AUGC solicitamos la ampliación de la flota de embarcaciones del Servicio Marítimo, un incremento del personal en todas las unidades territoriales y en el CATE, refuerzo de medios aéreos y terrestres, creación de un OCON-SUR permanente para combatir el narcotráfico y reformas legislativas para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS)".