MADRID.- La Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al Gobierno que
desclasifique el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con
plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), aprobado en 2010, para poder
decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar
plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.
El auto insta al Consejo de Ministros a remitir a la sala “todas las
indicaciones que sean procedentes” en relación al mantenimiento de la
“confidencialidad” de su contenido y pide que precise “el tiempo
estimado” para finalizar el informe.
Asimismo, la Audiencia Nacional, para poder resolver sobre el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, le pide al Gobierno que “aporte cuanta documentación” se haya elaborado sobre la situación en la zona desde el 5 de mayo de 2010, fecha en que se aprobó el Plan de Rehabilitación.
El colectivo conservacionista llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la “clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares
“con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de
encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la
tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de
tierra contaminada” previstos en el citado plan de rehabilitación.
La Audiencia Nacional señala que, en dicha resolución recurrida, el
regulador atómico “reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966” y considera, por tanto, que “es necesario conocer los planes que se hayan elaborado“.
El auto, que cuenta con un voto particular, precisa la necesidad de
conocer “en particular el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado
por el CSN con fecha 5 de mayo de 2010 con objeto de poder examinar su
contenido y disponer de elementos de juicio que pudieran ser relevantes
para la resolución del litigio”.
La sala indica, asimismo, que esta decisión “no se ve alterada” por
el hecho de que, en el marco del mismo procedimiento, se dictara un auto
que rechazaba la práctica de determinada prueba pedida por Ecologistas
en Acción por gozar de la categoría de secreto oficial y remarca que, en
este caso, sí se “aconseja” contar con esta información.
Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que
aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia
Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad
en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de
intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con
respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la
limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.
Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015
del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios
radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados
por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de
dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas
termonucleares.
En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada
del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía
para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales
que se aplica a “todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de
Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador
atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE)
de EEUU. El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los
criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1
mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración
de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los
residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la
limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a
limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría
de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe
almacenarse en EEUU.
Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010,
el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio
de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador
atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención
para la restauración.
La Abogacía del Estado siempre lo ha rechazado. En
el primer caso, alegó que se trataba de un documento que “no elaboró” el
CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar “con carácter
confidencial”, por lo que “no puede realizar la aportación del mismo”.
En esta misma línea, señaló que el informe del Departamento de
Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS
en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de
Secretos Oficiales por el propio ministerio y remarcó que el
Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, “lo que
obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la
procedencia de los documentos es de un estado extranjero”.
Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el
22 de julio de 2015 señala que el “tema de los criterios radiológicos”,
aseguró que ya se había aportado a la sala “en la parte no afectada por
la Ley de Secretos Oficiales”.
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