jueves, 10 de octubre de 2019

El concurso de transporte escolar en Almería queda paralizado definitivamente

ALMERÍA.- La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) saludó la paralización definitiva del concurso público que, sobre rutas de transporte escolar, había publicado este verano la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en Almería, según Ideal.

Esta anulación del pliego de Almería por parte del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía supone la estimación de los fundamentos jurídicos de los transportistas almerienses y la confirmación legal y administrativa de las prórrogas de los contratos de transporte correspondientes a la licitación 2016-2018, que ya fueron prorrogados para el curso 2018-2019 por no haber «obstáculo legal alguno para prorrogarlos en el curso 2019-2020». 
A partir de ahora, la APAE tendrá que sacar nuevos pliegos conforme ha establecido en la resolución de este tribunal e iniciar los trámites de una nueva licitación en Almería, según consta en la resolución hecha pública por Fedintra.
El presidente de la patronal independiente, Antonio Vázquez, trasladó que espera que esta nueva licitación «sea simultánea en toda Andalucía, para evitar la discriminación sufrida por esta situación en Almería». 
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía estimó los recursos de Fedintra y Asatravi y ha anulado los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del concurso y todo el proceso administrativo de esta licitación.
Cualquier acto administrativo que se hubiera producido, o contratación, como consecuencia de la publicación y confección de dichos pliegos, queda anulado. Indica que el pliego de cláusulas administrativas publicado por la Agencia Pública Andaluza de Educación no se ajustaba a la Ley de Contratos del Sector Público ya que no aparecían «desglosados en el presupuesto base de la licitación los costes de los servicios del transporte y, entre ellos, el del coste de personal».
«Esto significa que la administración no puede acreditar que los precios de la licitación sean conformes a los precios de mercado», precisó Vázquez que recordó que «el pliego de prescripciones técnicas tampoco se ajustaba a las exigencias del nuevo reglamento europeo».

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