ALMERÍA.- El Tribunal de Cuentas ha abierto actuaciones
previas para dirimir posible responsabilidad contable por desvío de
dinero público en la cuenta bancaria de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente en Almería de la que se habrían malversado
presuntamente alrededor de 300.000 euros, y por la que están imputados
en vía penal dos exdelegados de este departamento entre 2009 y 2011,
además de tres funcionarios.
El procedimiento está aún en fase preliminar por lo que no se ha
citado a declarar a ningún implicado, según han indicado
fuentes jurídicas. No obstante, sí se ha remitido oficio al Juzgado
nº 1 de Almería, que se encarga de las diligencias penales para
recabar datos sobre lo instruido hasta el momento y la filiación de
algunos de los imputados.
El Tribunal de Cuentas ha incoado actuaciones previas después de
que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta
andaluza pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas en un
cuenta sin fiscalizar en la que se ingresa el canon forestal. El 85 por
ciento de esa tasa que se cobra a cazadores, madereros y particulares
es para los ayuntamientos, y el 15 por ciento para la Junta.
Fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente la que puso en conocimiento del interventor de la Junta de
Andalucía y la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y esta Consejería
trasladó a su vez las presuntas irregularidades al órgano fiscalizador.
Por otro lado, la titular del Juzgado nº 1, Alejandra Rodero,
ha ordenado una nueva batería de diligencias encaminadas a concluir la
instrucción de la causa que se inició después de la denuncia formulada
en febrero por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien declaró ante la jueza en
calidad de perjudicado-denunciante.
Por el momento, ha prestado declaración en calidad de imputados
por un presunto delito de malversación de caudales públicos los
exdelegados provinciales Clemente García y Sonia Rodríguez, el el
exsecretario general de la Delegación cuando García estaba al frente,
A.S., y dos funcionarios, J.T. y M.G., este último a quien se atribuye
presuntamente la realización de todas las disposiciones mediante cheque
en la citada cuenta.
Fuentes judiciales han indicado que, entre estas diligencias, la
jueza ha dictado oficio en el que requiere a la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que certifique o no que la
cuenta bancaria objeto de la investigación era o no "finalista" y el
dinero en ella depositado, por tanto, solo podía destinarse a trabajos
selvícolas y aprovechamientos forestales.
Persigue que la administración autonómica corrobore lo declarado
por los dos exdelegados provinciales, quienes apuntaron que no era "de
libre disposición" sino que se trataba de "una cuenta finalista".
La jueza ha citado, asimismo, para principios de diciembre al
último de los testigos en relación a los pagos que se efectuaron desde
esa cuenta a los que tenía previsto tomar declaración, y ha remitido
oficio a una empresa que, según apunta la investigación, realizó un
ingreso en esa cuenta por error si bien le fue reintegrado el importe
con posterioridad.
En la denuncia presentada por la Junta de Andalucía se recoge que
con el exdelegado Clemente García se produjeron movimientos por valor de
180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo, Sonia
Rodríguez, los movimientos presuntamente irregulares alcanzaron unos
100.000 euros. Con el actual responsable de la Delegación Territorial,
la cifra ronda los 40.000 euros.
Entre las diligencias que ha practicado la magistrada instructora
está el haber solicitado a la administración autonómica que certificase
qué personas estuvieron autorizadas a acceder a la cuenta bancaria y
durante qué periodo de tiempo tuvieron acceso los autorizados o claveros
tuvieron acceso a la cuenta bancaria titularidad de la
Junta.
Asimismo, interesó al Gobierno andaluz que precisase los
distintos funcionarios, cargos políticos o individuos que ostentaron
facultades sobre dicha cuenta entre el 1 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2012.
Interesante artículo, gracias por su publicación.
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