ALMERÍA.- El Área de Hacienda de la Diputación
Provincial de Almería ha tramitado expedientes por un importe que
asciende a alrededor de 1,6 millones de euros en el marco del Plan de
Actuación frente a grandes deudores.
Así lo ha revelado el diputado provincial de Hacienda, Manuel
Alías, quien se ha mostrado satisfecho por el resultado que se está
obteniendo en las actuaciones que se están llevando a cabo en los
municipios que tienen delegadas las competencias de recaudación, gestión
e ingresos derecho público en la institución.
Asimismo, el diputado ha indicado que parte de estos expedientes
también revertirán en la Junta de Andalucía ya que la institución
provincial se hace cargo de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva del
Gobierno Andaluz.
En total, durante esta primera fase del Plan de Actuación frente a
Grandes Deudores se ha actuado en siete municipios de la provincia que
están ubicados en las comarcas de Poniente y Levante almeriense. La
mayoría de los casos se refiere a deudas acumuladas de impuestos como el
IAE; IBI; Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; y plusvalías.
"En total los expedientes que hemos tramitado para los municipios
de la provincia en esta primera fase del PAGE van a suponer unos
ingresos de 1.053.342,47 euros", ha detallado.
Alías ha destacado la "buena predisposición de pago" que se está
dando entre los deudores que han sido objeto de inspección, ya que la
inmensa mayoría han solicitado el fraccionamiento o el abono de las
cantidades adeudadas.
Por otro lado, ha detallado que las actuaciones que se han llevado
para la Junta de Andalucía suponen un total de 115 expedientes
tramitados en dos municipios del Levante y que importan 574.321,93
euros. "Estas deudas suelen ser de importes mayores porque generalmente
son del Impuesto de Transmisiones, sanciones y reintegro de
subvenciones".
Al hilo de esto, ha hecho referencia a este plan como un ejercicio
de "justicia social y tributaria" ya que "los grandes deudores que no
cumplen con sus obligaciones impiden que se cumplan unos servicios que
sí pagan el resto de la ciudadanía y de los que ellos también se
benefician sin pagarlos".
"La actividad de control genera importantes beneficios a la
sociedad, al garantizar la generalidad en el pago de los impuestos y la
distribución equitativa de las cargas públicas de acuerdo con la
capacidad contributiva de cada ciudadano, se minora así la presión
fiscal individual, ya que son más los que contribuyen a sustentar las
arcas de los ayuntamientos", ha concluido.
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