El PP-A recurrirá el decreto del litoral ante el TC a través de las Diputaciones

SEVILLA.- El PP-A ha anunciado que ha acordado interponer, a través de las Diputaciones provinciales, un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía.

   Así lo ha dicho este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, quien ha explicado que, dado que la Ley de Autonomía Local considera a las provincias como una entidad local cuya función es garantizar el ejercicio de las competencias de los municipios que las componen, la vía de recurrir a las Diputaciones es una vía "legitimada" para interponer este recurso.

   Así pues, según ha adelantado Martínez, "al menos" las Diputaciones de las provincias costeras de Almería, Cádiz, Granada y Málaga apoyarán este acuerdo del PP-A y promoverán este recurso ante el TC. Además, de aquí al 28 de febrero que tienen de plazo para hacerlo, solicitarán al Consejo Consultivo un dictamen sobre el mismo.

   La 'popular' ha argumentado este recurso en base a tres cuestiones que el PP-A considera "fundamentales". Por un lado, que este decreto del litoral "quita competencias a los Ayuntamientos" y "suspende su capacidad" para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. En segundo lugar, porque el PP-A considera que el artículo 3 de este decreto "obliga" a los municipios a "cumplir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un periodo máximo de ocho" y que esto va a "significa que planes que estaban adaptados a la Ley hasta 2004 se van a ver igualmente paralizados". Y en tercer lugar, que ha sido "arbitrario e injustificado" que este decreto se haya tramitado como "decreto-ley".

 "No existía esa extraordinaria y urgente necesidad para que haya sido tramitado como decreto-ley", ha apostillado.

   Es por eso por lo que los 'populares' ven, detrás de este decreto andaluz del litoral, una nueva "estrategia de confrontación" de la Junta de Andalucía con respecto al Gobierno central, que precisamente está tramitando una Ley de Costas para el conjunto del país.

   "Lejos de dinamizar la economía en una de las industrias y actividades económicas más importantes de la comunidad, lo que hace la Junta con este decreto es crear una situación de inseguridad jurídica que perjudica al turismo y ahuyenta las inversiones", ha justificado.

   Como ejemplo de esta "estrategia de confrontación" de la Junta con el Gobierno, Martínez ha citado que tanto PSOE como IU han presentado enmiendas al texto del Gobierno de Mariano Rajoy que "en nada tienen que ver con lo que plantean en este decreto andaluz". Así, según ha señalado, mientras el PSOE "no ha dicho nada" de la servidumbre de cien metros que recoge la Ley de Costas y la "da por buena", en Andalucía exige una de 500 metros. Lo mismo hace IU, en su opinión, que a nivel nacional exige una servidumbre de 200 metros y, en nuestra comunidad, 500.

   Por todo ello, el PP-A presentará este recurso a través de las Diputaciones provinciales con la intención de "garantizar la sostenibilidad el litoral andaluz" y evitar casos de "corrupción urbanística".