ALMERÍA.- El juez de lo Mercantil ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido, a la que reconoce un estado de insolvencia y una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros lo que supone, remarca, casi un 80 por ciento de su activo, que cifra en cien millones de euros.
El auto designa a tres administradores concursales aunque dispone que Elsur, participada en un 30 por ciento por el Consistorio y en un 70 por la mercantil 'Agua y Gestión', conserve las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio al considerar que no existen "riesgos" pese a que ha cesado en su actividad.
El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 señala en su resolución que la empresa mixta es "dependiente" del cumplimiento de sus "obligaciones" por parte de sus deudores y subraya que el "grueso" de su activo son "fundamentalmente deudas con el Ayuntamiento", lo que supone que "basta con los impagos municipales para generar insolvencia en la sociedad".
En el apartado de los fundamentos de derecho apunta el juez que la solicitud cumple las condiciones y que de los documentos que aporta Elsur se desprende el estado de insolvencia. Destaca, al hilo de esto, que la sociedad no se encuentra en "situación de desbalance" y que ha venido dando beneficios de alrededor de "600.000 euros" por ejercicio económico "de forma sucesiva" desde el año 2006 "hasta el presente ejercicio".
Recoge que, si bien la progresión ha supuesto un aumento de fondos propios que se traduce en un montante de 4,5 millones de euros, este es "un tanto reducido" respecto de un activo que ronda los 100 millones de euros. En esta línea, detalla que Elsur se ha financiado con pasivo a corto plazo, que cifra en 80 millones de euros, con situación de tesorería "muy exiguas --menos de dos millones de euros-- para ese pasivo".
Argumenta el juez que esta situación hace a la empresa mixta "dependiente" al tiempo que subraya que el grueso de su activo son "los derechos de crédito, fundamentalmente deudas con el Ayuntamiento de El Ejido en torno a 80 millones de euros en el año 2009", lo que supone --ahonda-- casi un 80 por ciento de su activo total. "Basta con impagos municipales para generar la insolvencia de la sociedad y así ha ocurrido con desavenencias que han ido en aumento hasta acordar el Ayuntamiento el secuestro de la entidad", concluye.
El anterior equipo de gobierno, liderado por el exalcalde Juan Enciso (PAL), dictó el 19 de enero un decreto por el ordenaba el secuestro temporal de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado, y mantenimiento urbano al alegar una "situación de reiterado incumplimiento" por parte de la empresa mixta.
Poco después, un juez de lo contencioso-administrativo de Almería determinó tras el recurso del accionista mayoritario de la sociedad que la mercantil 'Agua y Gestión' debía pagar una fianza de 1,2 millones de euros para recuperar la concesión, una medida que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Por otro lado, la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería notificó en mayo a la sociedad una resolución por la que acordaba inadmitir la solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo propuesto para 156 empleados y daba por "concluido" el procedimiento con el archivo de las actuaciones practicadas.
La empresa mixta Elsur figura como "clave" en el sumario de caso 'Poniente' que instruye la titular del Juzgado de Instrucción nº 2, Montserrat Peña, y por el que estuvo en prisión durante casi ocho meses el exregidor ejidense. La investigación, en la que figuran como imputados más de 80 personas, divide la presunta trama de corrupción política tejida en en torno a Elsur en seis clanes y el grupo Abengoa, del que es filial 'Agua y Gestión'.
De las actuaciones se desprende que las sociedades de los principales implicados en el caso facturaron de Elsur con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que detrajo dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones "irregulares" con la empresa mixta.
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