ALMERÍA.- La juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Somontín, Ramón Rueda (PP), para quien la Fiscalía solicita un total de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar presuntamente el suministro de agua a una vivienda propiedad de su suegro pese a ser "consciente" de que no tenía ni licencia de obras ni de primera ocupación por estar construida sobre suelo no urbanizable.
El auto del Juzgado de Instrucción de Purchena acusa al primer edil, quien concurre a la reelección en los comicios municipales que se celebran este año, de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos y dispone asimismo la apertura de juicio oral contra el suegro del regidor, Juan O.A. y el promotor del inmueble ilegal, Ramón G.A., para quien el Ministerio Público interesa penas de prisión.
Rueda, según consta en el escrito de calificación de la fiscal, firmó en julio de 2004 un escrito por el que autorizaba a la empresa Galasa a dar suministro de agua a una vivienda unifamiliar ubicada en el paraje Los Cañaizos, en Somontín. El citado inmueble fue levantado por la mercantil Construcciones Galera Acosta en suelo no urbanizable y promovido por Juan O.A., su propietario, y Ramón G.A., quien también actuó como constructor.
El alcalde popular, añade la Fiscalía, "era consciente" de que no podía autorizar el suministro de agua ya que la vivienda "no tenía licencia de obras, ni mucho menos de primera ocupación". Al tiempo, le reprocha que, pese a conocer que era "ilegal", no inició expediente de disciplina urbanística ni de restauración de la legalidad "como era su deber" dado el cargo que ocupaba y que lleva ocupando durante los dos últimos mandatos municipales.
Resalta en esta línea el escrito de acusación, que Rueda era la autoridad competente para resolver expedientes sancionadores en esta materia y estaba obligado a "denunciar los casos en los que se aprecie indicios de delito", por lo que, debía haber procedido de esta manera en relación al inmueble propiedad de su suegro, máxime cuando existía "una denuncia particular presentada en el Ayuntamiento en julio de 2004 denunciando la ilegalidad de la construcción".
El regidor y candidato a la Alcaldía de Somontín enfrenta peticiones fiscales de ocho y un año de inhabilitación para empleo o cargo público por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos mientras que Ramón G.A. y Juan O.A. se enfrentan a penas de un año y nueve meses de prisión además de multa de 18 meses a razón de 12 euros al día como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal pide, asimismo, la demolición de la vivienda objeto del litigio.
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