ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha elevado a la Audiencia Nacional el informe
técnico emitido por la Comisión Europea en 2019 por el que se daba de
plazo hasta finales de 2021 al Gobierno español para informar sobre los
progresos en la implementación del plan para la "remediación" de la
contaminación radiológica de Palomares que la propia
organización conservacionista reclama al Ministerio para la Transición
Ecológica en los tribunales.
El documento, que acompaña al
escrito definitivo de conclusiones por el que se insta a la Sala de lo
Contencioso-administrativo a que fije un plazo para la limpieza de la
zona, fue elaborado por la Dirección General de Energía de la Comisión
Europea tras la visita realizada por un equipo de verificación entre el
18 y 20 de junio de 2019 en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom,
que exige a los Estados Miembro establecer instalaciones para el control
continuo de la radiactividad en aire, agua y suelo.
El citado
equipo, conforme al documento, exponía que
no se habían implementado las recomendaciones emitidas ya en 2010
relativas a la remediación de las zonas contaminadas de Palomares y
solicitaba un informe de progreso sobre los cambios en los sistemas de
vigilancia antes de finales de 2020 así como información sobre el
progreso de implementación del plan antes de que acabara el año
siguiente.
En base a dichos informes, no descarta una nueva misión de
verificación.
"Este incumplimiento obligará a la Comisión
Europea a llevar a cabo una nueva verificación y posible imposición de
sanciones", han advertido en su escrito desde Ecologistas, que con base
en el Plan de Rehabilitación de Palomares ya existente reclama que se
fije un plazo "máximo" de tres años para dejar la zona "libre de
radioactividad".
Para la organización ecologista, únicamente
es necesaria una orden del Miteco para poder descontaminar el espacio
mediante el almacenamiento de unos 6.000 metros cúbicos de tierra
contaminada con americio y plutonio que actualmente se encuentra acotada
por el Ciemat.
Insiste la asociación en que a raíz de la
accidente en 1966 con el choque de dos aviones estadounidenses que
cargaban dos bombas termonucleares, los norteamericanos dejaron en su
actuación posterior un total de 16,6 hectáreas con los residuos
radiactivos enterrados a 30 centímetros de profundidad y 87 hectáreas de
terreno con residuos radiactivos enterrados a 25 centímetros de
profundidad.
"También construyeron dos enormes fosas de 1.000 y
3.000 metros cúbicos y las llenaron de residuos radiactivos. Otras
zonas las dejaron como estaban y así perduran hasta nuestros días", han
recalcado para señalar que la Administración norteamericana solo se
llevó "1.000 metros cúbicos de material radiactivo".
Para Ecologistas, la actuación supuso enterramientos "clandestinos"
de material radiactivo "sin respetar la normativa que ya estaba vigente
en 1966" en dos fosas que "no tienen la calificación administrativa de
instalación nuclear puesto que se construyeron sin expediente alguno"
pese a que almacenan "ilegalmente un total de 4.000 metros cúbicos de
material radiactivo al aire libre y sin medida de seguridad alguna",
salvo "una simple alambrada".
A estos almacenamientos
"ilegales", según han abundado, hay que añadir los llevados a acabo
posteriormente "en los dos contenedores para verduras depositados" en
distintas áreas de la pedanía que fueron colocados en 2018.
"También es
un almacén ilegal la caseta situada en el centro del pueblo con residuos
radiactivos", han añadido.
Con ello, rechaza la postura de la
Abogacía del Estado para descartar que Palomares constituya un caso de
"exposición existente", puesto que encierra una situación de "ilegalidad
palmaria" a la que, según mantienen, el Ministerio "tiene obligación de
poner término fijando un plazo al Ciemat, como titular de los terrenos,
para que proceda a la retirada de los residuos radiactivos".
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