ALMERÍA.- El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Almería y
diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, ha defendido ante
las investigaciones judiciales derivadas del caso Mascarillas que "tanto
el anterior presidente" de la institución Javier Aureliano García como
el actual, José Antonio García Alcaina, "siempre han viajado, viajan y
viajarán con agenda" pública.
Así lo ha trasladado durante el
Pleno ordinario celebrado este miércoles en el que el portavoz del
grupo provincial del PSOE, Juan Manuel del Real Ruiz, le ha interpelado
por la pieza separada que indaga sobre un supuesto viaje "privado" de
dos días en junio de 2025 que, según los indicios, habría sido escudado
en una reunión de la FEMP en Madrid. En él, García y su entonces jefa de
gabinete gastaron 1.892,84 de fondos públicos.
"Toda
interpretación que tanto usted como yo podamos hacer de este caso en
concreto se nos escapa de las manos porque evidentemente, como muy bien
ha dicho, es un proceso que está judicializado", ha manifestado Sánchez
al respecto después de que los socialistas exigieran explicaciones
políticas al respecto.
No obstante, el diputado 'popular' se
ha afanado en defender que los viajes realizados por los presidentes de
la Diputación se ajustan a su labor institucional, por lo que ha
rechazado cualquier "auditoría" al respecto ya que, además, "la
contratación de los viajes tiene un funcionario responsable" que se
encarga de ellos.
Así, ha apuntado hacia la figura de un
empleado público que "pide presupuesto, contrata el vuelo y el hotel, y
chequea que ese servicio se ha prestado de manera correcta" como parte
de un "procedimiento normal como en cualquier otro tipo de servicio".
En cualquier caso, ha expresado su confianza en que todas estas
cuestiones quedarán solucionadas con el avance de la investigación
judicial "de una manera muy clara, muy contundente y, además, muy
rápida".
Del Real Ruiz
ha hecho alusión a la investigación de la UCO en el marco de la causa
sobre la presunta contratación irregular a través de la Diputación para
el cobro de comisiones que, en este caso, ponía bajo sospecha dicho
viaje, lo que ha dado lugar a una pieza separada sobre la que el
dirigente socialista ha querido saber si la Diputación se va a personar
como parte interesada.
Con ello, ha apelado la
"responsabilidad" de la Diputación para "hacer una averiguación" en
torno a los viajes que pudiera haber realizado el expresidente y
determinar si, conforme a las sospechas de expediciones particulares,
dicha situación "se podía haber producido más veces" para, llegado el
caso, "ponerlo a disposición del juzgado" ante un "posible perjuicio a
la administración".
El dirigente socialista también ha puesto
en cuestión las condiciones en las que se dio el viaje en el que
participaron solo el expresidente y su asesora, ante lo que Sánchez ha
afirmado que el desplazamiento de personal se ajusta "por el contenido
que pueda tener la agenda", lo que determina que se movilicen "más
recursos o menos recursos".
"Si es un viaje institucional
donde se requiere que asista alguien de protocolo, pues asiste el
funcionario de protocolo. Si se requiere que vaya el gabinete de prensa,
pues va el gabinete de prensa", ha apuntado ante la existencia de otro
tipo de reuniones "internas" donde no hay que "vender mediáticamente" su
contenido y, por tanto, "no hace falta evidentemente sacarle un billete
de avión o de hotel a un periodista" y "malgastar el dinero".
En el aire han quedado otras preguntas efectuadas por el portavoz del
PSOE, quien ha solicitado saber si la entonces jefa de Gabinete de
Javier Aureliano García, cuyo puesto es de libre designación, "sigue
trabajando" y "cobrando un sueldo, además de los más cuantiosos" de la
Diputación.
Durante la celebración del Pleno, el portavoz provincial de Vox, Pedro
Manuel Agüera, ha solicitado también el cese del diputado provincial de
Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos y alcalde
de Tíjola, José Juan Martínez, quien se encuentra investigado en la
causa de Mascarillas por su faceta empresarial.
Agüera, quien
de forma subsidiaria ha interesa la suspensión temporal del diputado
provincial, ha aludido a la situación de una sociedad mercantil
vinculada a Martínez sobre la que, conforme a una resolución el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, se habría producido un
"vaciamiento patrimonial" para evitar pagos a Hacienda; un asunto
recurrido ante los tribunales de justicia.
"La gravedad y la
acumulación de informaciones publicadas menoscaban de forma directa e
inmediata los estándares de ejemplaridad, transparencia, idoneidad y
exigible a los miembros de esta corporación provincial", ha estimado el
portavoz de Vox para solicitar el cese del diputado provincial pese a
mostrar su respeto a la presunción de inocencia.
Aunque
Martínez se encontraba presente en el Pleno, ha sido el portavoz del
equipo de gobierno quien ha contestado a dicha cuestión para asegurar
que la misma "no atañe en nada a la Diputación", que ha reducido a "una
cuestión de una empresa que tiene un recurso con Hacienda" como "miles y
miles de particulares".
"Yo no he visto al señor Martínez
aparecer en ningún papel de lo que usted menciona", ha añadido Sánchez,
quien ha puesto en cuestión que haya trascendido la resolución
administrativa.
"Yo creo que la empresa no ha filtrado el documento, por
lo tanto, me da la sensación de que la Agencia Tributaria sí", ha
dicho.
Con ello, ha aludido a otras causas vinculadas a "un
levantamiento patrimonial de 1,37 millones de euros" del exportavoz
parlamentario de Vox Francisco Serrano, quien, según ha recordado, está
investigado por "fraude por subvenciones públicas de 2,5 millones de
euros".
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