SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha abordado este lunes, en su primer encuentro
que ha celebrado en 2026, las alegaciones de la Consejería de Industria,
Energía y Minas a la propuesta de planificación de inversiones de la
red de transporte eléctrico 2025-2030 para Andalucía del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante el trámite de
audiencia pública al argumento que "no da respuesta a las necesidades
energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía".
La
Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno que incorpore 102
actuaciones que representan una inversión adicional de 365 millones de
euros, lo que eleva hasta los 823 millones las nuevas infraestructuras
eléctricas solicitadas para "no limitar ni frenar el desarrollo y el
crecimiento de Andalucía en los próximos años".
Esos 365
millones son adicionales a la propuesta de inversión en nuevas
actuaciones de la planificación del Ministerio, que es de 458 millones.
El periodo de alegaciones se cerró el 16 de diciembre de 2025.
El Gobierno andaluz esgrime que el Gobierno "apenas atiende el 23% de
las actuaciones solicitadas por el Gobierno andaluz, destinando a
Andalucía sólo el 11,8% de la inversión total para España", por lo que
ha advertido de que queda "muy por debajo" de aplicarse los criterios de
población, superficie o consumo eléctrico, según una nota del Gobierno
andaluz.
La Consejería de Industria ha informado de su
consulta a las empresas promotoras de proyectos de generación, al sector
industrial más demandante de nueva electrificación, así como a las
distribuidoras de electricidad, para que las infraestructuras
solicitadas sean acordes a las necesidades reales del territorio.
Las peticiones de la Junta de Andalucía se dirigen al reforzamiento
de los ejes estructurales de conexión de Andalucía, tanto dentro del
territorio andaluz como conectando con el resto del territorio nacional,
y para disponer de elementos de acceso a la red de transporte para
atender proyectos de generación y de almacenamiento.
El
Gobierno andaluz ha señalado, después de que en marzo de 2024 la
Administración del Estado requiriese a las comunidades sus propuestas,
que hay 119 proyectos que requieren nuevas infraestructuras no
contempladas en el actual borrador de planificación para ser viables y
que suman 14.500 megavatios (14,5 gigavatios), y también ha recibido de
las distribuidoras la solicitud de 19 posiciones de apoyo necesarias
para cubrir proyectos de demanda. Todas estas solicitudes suponen una
potencia total no atendida cercana a los 18 gigavatios (GW).
En esas 102 actuaciones adicionales a las
contempladas en la propuesta del Ministerio, Andalucía reclama la
construcción de 16 nuevas líneas, la repotenciación de seis ejes ya
existentes, la construcción de 12 subestaciones y la instalación de tres
nuevos transformadores. Son 37 actuaciones estructurales con una
inversión asociada de 306,4 millones de euros.
Entre las
infraestructuras prioritarias para la Junta de Andalucía que no ha
previsto el Ministerio para su ejecución antes de 2030 destacan el eje
Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kilovoltios (kV) y la nueva subestación
de Peñarroya, actuaciones críticas para atender necesidades de demanda y
generación del Valle del Guadiato y Los Pedroches en Córdoba.
El Gobierno andaluz ha defendido que son actuaciones necesarias para
estructurar el territorio y conectar mediante esta nueva vía el norte de
la provincia con Extremadura y no limitar el potencial para el
desarrollo de proyectos de generación renovable y almacenamiento, así
como las conexiones de proyectos industriales de gran consumo de esta
comarca.
La Junta de Andalucía ha solicitado la construcción
de 65 nuevas posiciones de acceso en subestaciones, con una inversión de
58,6 millones.
Defiende que con ello se atendería la demanda
para consumos industriales localizados en el entorno de Málaga, Cádiz,
Sevilla y Granada; se facilitaría el desarrollo de plantas de generación
renovable para atraer más actividad industrial a las provincias de
Almería, Jaén, Cádiz y Huelva; se atenderían proyectos de hidrógeno
verde, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva; y se
aseguraría la potencia necesaria para los centros de datos previstos en
Sevilla y Granada.
"No incluir estas peticiones en la
planificación estatal significaría perpetuar la situación de desventaja
de Andalucía respecto al resto de comunidades autónomas, ya que la
densidad de su red de transporte por millón de habitantes es un 40%
inferior a los valores medios peninsulares", ha argumentado en este
sentido el consejero de Industria, Jorge Paradela.
Ha
sostenido que "se desaprovecharía el gran potencial" de Andalucía para
la generación de energía verde, que cuenta con más de 16 gigavatios de
potencia renovable instalada, y ha reivindicado que Andalucía ha
aportado más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en el país
en los últimos tres años, y el 39% entre junio de 2024 y junio de 2025.
La Consejería de Industria, tras un análisis del documento que en
octubre remitió de 2025 el Ministerio, donde solicitaba una inversión de
544 millones en el periodo 2025-2030, y de que el Gobierno señalara un
incremento del límite de inversión de la red de transporte para 2030,
solicitó nuevas actuaciones por 234 millones adicionales, lo que elevó
la propuesta de inversión andaluza a una cuantía total de 778 millones.
En la propuesta de planificación del Ministerio de octubre de 2025
se asignaba a Andalucía 959 millones de euros de los 8.130 proyectados a
nivel estatal.
La Junta de Andalucía ha señalado que de ese
presupuesto, el 52%, 502 millones, se corresponde con actuaciones ya
incluidas en la planificación vigente pero aún no ejecutadas, y el 60%
se destina a solucionar carencias o reforzar el funcionamiento general
del sistema.
Señala 458 millones para acometer nuevas
inversiones, aceptando únicamente el 23% de las solicitudes realizadas
por Andalucía, 25 actuaciones de las 111 solicitadas por la Junta de
Andalucía, cifra que ha calificado de "exigua", así como que "no permite
atender la demanda real de electricidad de Andalucía, impulsar
proyectos industriales, desarrollar energías renovables o aprovechar las
oportunidades de crecimiento de la región".
El Gobierno
andaluz defiende que con su documento de alegaciones remitido al
Ministerio justifica "la insuficiencia del contenido de la propuesta
estatal" según las peticiones del sector empresarial y demás necesidades
de los territorios de Andalucía y reitera "la urgencia" de que se
atiendan las infraestructuras para no comprometer su "proceso de
transformación ni limitar su desarrollo económico e industrial".
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