NÍJAR.- La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Níjar, Esperanza Pérez, ha materializado el anuncio de su grupo municipal de impugnar la reciente subida de tarifas del suministro de agua en el municipio.
Según Pérez, esta medida forma parte de un plan que limita los derechos de los nijareños sobre el agua.
"Ya han convertido la sanidad en un negocio, entregando la salud de nuestros mayores a grandes corporaciones donde luego colocan a los defenestrados del PP. Ahora quieren hacer lo mismo con el agua, transformándola en un negocio privado. Para ello necesitan a personas manejables, como el actual alcalde de Níjar, en cargos clave como la presidencia de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Níjar. Lo necesitan ahí para maniobrar sin oposición en el reparto del agua desalada de Rambla Morales o Mar de Alborán, gestionada por Aqualia," denunció Pérez.
Para la portavoz socialista, esta maniobra responde a un plan cuyo objetivo es apoderarse del agua que, por derecho, corresponde a la comarca.
"En Níjar sabemos sumar: dos más dos son cuatro. El actual alcalde llegó al poder gracias a la ultraderecha, y lo primero que hizo fue transferir dos millones de euros a la adjudicataria del agua, Aqualia, alegando la necesidad de retirar beneficios de la empresa mixta municipal Emanagua. Luego, como compensación adicional, prorrogó la concesión por varios años, volviendo a convertir a los nijareños en rehenes de un contrato que nadie puede asegurar que sea el mejor.
Curiosamente, es la misma empresa que gestiona Rambla Morales y Mar de Alborán. En medio de todo esto, de repente, el alcalde comienza a presionar al sector agrícola para que lo nombren presidente de la Comunidad de Usuarios. ¿Quién tiene tanto interés en esto, el PP o Aqualia? Está claro que no sirve a los intereses del campo ni de los nijareños," explicó Pérez.
Ante esta situación, el primer frente de batalla será frenar con todos los medios legales y procedimentales la subida del precio del agua. El PSOE considera que el PP de Níjar ve en la subida del agua su peculiar pozo, del que obtener los recursos que necesitan para cubrir sus aspiraciones políticas en la comarca a costa de los ciudadanos.
Pérez argumenta que el procedimiento de revisión tarifaria vulnera principios legales básicos, ya que carece de informes técnicos independientes, como exige la normativa vigente y la jurisprudencia.
El PSOE fundamenta su postura en la sentencia 716/2017 del Tribunal Supremo, que establece que cualquier modificación de tasas municipales debe estar avalada por un informe técnico-económico emitido o ratificado por funcionarios municipales cualificados.
En este caso, Pérez denuncia que tanto la "Memoria Económica" como el "Informe Económico Financiero" fueron elaborados únicamente por la concesionaria del servicio, EMANAGUA, y su socio tecnológico Aqualia, sin intervención de técnicos municipales.
La portavoz subrayó que el expediente municipal 11385/2024 carece de un informe técnico-jurídico independiente, clave para garantizar que las tarifas propuestas cumplen con los principios de equilibrio económico y equidad tributaria.
"Nos encontramos ante un procedimiento donde la parte interesada, Aqualia, justifica unilateralmente la necesidad de una subida sin que ningún técnico municipal haya asumido, fiscalizado o valorado esos documentos," denunció Pérez.
Entre los puntos más controvertidos está la inclusión de costes relacionados con la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) El Cautivo. Pérez sostiene que, aunque en el expediente se reconoce que estas instalaciones podrían afectar el equilibrio económico del contrato, no se presentaron datos ni análisis contrastados que justifiquen la magnitud de la subida propuesta.
La acción de Pérez se respalda en el fallo judicial citado, que anuló modificaciones similares en otro ayuntamiento, dictaminando que los informes elaborados por concesionarias sin ratificación municipal carecen de validez, al no garantizar la imparcialidad ni el control necesario para proteger los intereses ciudadanos.
La sentencia utilizada como base argumental y advertencia sobre una posible prevaricación, también insiste en que las tasas deben respetar el principio de equivalencia, reflejando únicamente los costes reales del servicio y evitando recaudar en exceso o introducir tributos por servicios no prestados directamente a los usuarios. Según Pérez, las nuevas tarifas de Níjar podrían incumplir estos principios al incluir conceptos de dudosa justificación.
Antes de acudir a la vía judicial, Pérez ha presentado alegaciones en el pleno municipal, donde advierte a la interventora y al resto de la corporación de las posibles consecuencias legales.
"Se está tomando una decisión que contradice abiertamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y vulnera los derechos de los ciudadanos," declaró.
La oposición ha pedido la retirada del punto del orden del día para revisar nuevamente el expediente con la debida participación de los órganos técnicos. "Esto no es solo una lucha por el precio del agua, sino por la transparencia y la legalidad en la administración pública," concluyó Pérez.
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