MADRID.- El sector turístico español perderá hasta 33.668 millones de actividad directa e indirecta durante el año actual en caso de que se mantengan los ritmos de caída de la demanda actuales y la crisis por el coronavirus
se prolongue durante cuatro meses, según las estimaciones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
Los cálculos contemplan que si se mantienen durante dos meses estos
ritmos de caída y de expansión del virus, el sector, que representa el
12,3% de la economía española, registrará una pérdida de actividad que
se elevaría hasta 18.825 millones de euros.
“Ante esta catastrófica caída en las ventas y asumiendo que se trata de
una situación coyuntural que durará como mucho unos meses, las empresas
turísticas necesitan instrumentos de flexibilización y ajuste
proporcional de sus costes de mucha mayor envergadura que los anunciados
para evitar que lo que debe ser una crisis coyuntural se convierta en
estructural y ponga en riesgo la viabilidad de miles de empresas sin
distinción de tamaño”, añadió.
Desde la alianza indicaron que está “en juego” una parte “muy
relevante” del tejido empresarial turístico español, formado por 457.000
sociedades y con un aporte al PIB que se sitúa en 157.000 millones de
euros.
Desde Exceltur calificaron como “exigua e insuficiente” la batería de medidas anunciada por el Gobierno para contrarrestar el impacto del coronavirus sobre la economía española y la salud de los ciudadanos.
Por ello, piden que se active, “con la mayor urgencia” y con
“carácter excepcional” mientras dure la propagación del virus, un
segundo paquete de medidas que contemple iniciativas para facilitar el
aplazamiento del pago sin coste de las cuotas de la seguridad social y
el IVA para todas las empresas y una reducción de los plazos de
reembolso de las liquidaciones a devolver del IVA.
La Alianza para la Excelencia Turística también demanda que se
revise la normativa de cálculo de los pagos fraccionados del impuesto de
sociedades, al tiempo que se flexibilice la distribución del trabajo a
lo largo del año.
También solicita agilizar “al máximo” de días la gestión y aprobación de expedientes de regulación temporales de empleo
(ERTEs) y también ampliar la “exigua” dotación de la línea de crédito
ICO de 400 millones de euros, hasta, al menos, 500 millones de euros.
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