MADRID.- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, exige un plan de ajuste a la Junta de Andalucía por un déficit excesivo heredado de ella misma y del conjunto del Gobierno de Susana Díaz, según se desprende del choque soterrado que han mantenido estos días ambas administraciones.
Según ha podido reconstruir El Mundo, el Ministerio de Hacienda
comunicó el pasado 27 de septiembre a la Junta de Andalucía -gobernada
actualmente por PP y Ciudadanos- que el cierre definitivo de las cuentas
de 2018 arroja una sorpresa: la comunidad autónoma no cumplió el
objetivo de déficit como se creía, sino que lo rebasó en 151 millones
por gastos añadidos a posteriori.
Por tanto, el Ministerio señala al consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, que «debe
formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y
en el siguiente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto». Le reclama
ajustar especialmente la deuda andaluza.
Además, Montero le ofrece
beneficiarse del remanente extraordinario de final de año de los fondos
de financiación autonómica, repartido también a la Comunidad Valenciana y
a Murcia, para pasar el trago.
Se trata del procedimiento
habitual del Ministerio cuando una comunidad se salta la regla del
déficit, pero se trata de un caso singular por la identidad de los
protagonistas. En la carta del Ministerio, se recalca que cuando el
Ejecutivo de Susana Díaz traspasó poderes este año al de Juan Manuel
Moreno Bonilla, tal desvío no existía.
«Esta desviación del
déficit de 2018, que se sitúa a esta fecha en el 0,51% se ha producido
con posterioridad al mes de abril de 2019», asegura la misiva, según
fuentes de la Junta andaluza. El consejero de Hacienda
autonómico no niega que ha tenido que incurrir en gastos desde que tomó
posesión, pero recalca que son imputables al ejercicio anterior por
agujeros que eran conocidos por la propia ministra. Le recuerda
en su respuesta del 2 de octubre que ha habido que reclasificar «la
operación de concesión del Metro de Sevilla, por importe de 347 millones
de euros» y también «su imputación en contabilidad nacional dentro del
déficit de 2018».
«En este sentido, durante 2019 se han hecho
frente a pagos relacionados con litigios asociados a la mencionada
concesión que, entiende esta Comunidad, conllevan el reajuste requerido
de reducción de la deuda imputada», agrega.
El
Metro de Sevilla es un agujero en las cuentas de la Junta desde que en
2011 el consorcio del metro de la capital andaluza, encabezados por las
constructoras Sacyr y ACS, denunció a la Junta por impago de sobrecostes
en la obra. Ya en 2017 -y siendo Montero consejera de
Hacienda- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al
Gobierno andaluz y Susana Díaz recurrió al Supremo en un intento final
de evitar la indemnización. Finalmente, antes de que Díaz dejara el
cargo, el Alto Tribunal confirmó la condena.
Montero había dejado la Consejería meses antes, en julio de 2018 para convertirse en ministra de
Hacienda, pero cuando hizo los Presupuestos del ejercicio conocía el
riesgo cierto de perder ese litigio.
Fuentes de la Junta andaluza
agregan gastos farmacéuticos que debieron ser contabilizados en 2018
como razones adicionales del incumplimiento final del déficit.
En su carta de respuesta, fechada el citado día 2, Bravo rechaza
acogerse a los préstamos remanentes estatales, porque asegura al
Ministerio que su gestión de tesorería lo hace innecesario, siempre que
el Gobierno en funciones cumpla otra promesa de financiación autonómica,
la de las llamadas entregas a cuenta.
Fuentes de la Junta
aseguran que no será necesario hacer un plan de ajuste adicional, puesto
que ha habido que hacer uno tras detectarse el pasado abril la
vulneración de la regla de gasto por parte del Ejecutivo socialista
precedentes
Pese a que Bravo comunicó su rechazo en la víspera, Montero asígnó 173
millones a Andalucía en el reparto de fondos que aprobó la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos el día 3.
En comunicado oficial el
Ministerio señaló: «En el caso de Andalucía, que figura como
incumplidora del objetivo de déficit de 2018 con los datos actualizados
con fecha 30 de septiembre, la asignación queda condicionada a la
posterior aceptación por parte de la comunidad autónoma».
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