SEVILLA.- El secretario general del PP-A ha urgido a
Susana Díaz a aclarar "qué va a hacer con los muchos imputados y los
casos de corrupción que hay en muchos municipios andaluces
protagonizados por su partido".
Así lo ha reclamado en una rueda de prensa durante la que ha
mostrado un mapa de la comunidad autónoma en la que se han señalado de
rojo los municipios afectados por algún caso de corrupción, entre los
que destacan, con más puntos de ese color, las provincias de Málaga,
Granada y Sevilla con 30, 33 y 36 cargos del PSOE-A procesados,
condenados o imputados.
Para Sanz, esto demuestra que Díaz, cuando habla de corrupción, se
"olvida siempre" de que su partido "ha diseñado, organizado y ejecutado
todo un sistema de compra de voluntades para seguir ganando elecciones
en Andalucía". "Ésta es la prueba", ha apostillado señalando el citado
mapa.
En este contexto, el secretario general del PP-A ha lamentado que
la presidenta de la Junta haya perdido este fin de semana en la
Conferencia Política del PSOE una "oportunidad estupenda" para condenar
"de Despeñaperros para arriba" los casos de corrupción protagonizados
por su partido en nuestra comunidad.
También, que Díaz no haya aprovechado este foro para "decirle alto
y claro a los secretarios generales de CCOO y UGT, los señores Toxo y
Méndez, que ella está avergonzada de la complicidad y de la tibieza con
la corrupción" que ambos dirigentes están manteniendo con respecto a sus
organizaciones en Andalucía y "las noticias que aparecen sobre las
actividades que estos dos sindicatos han llevado a cabo" en la
comunidad.
"Es una pena que también haya perdido esa oportunidad de pedirle
perdón a los andaluces, que todos los días ven en los medios de
comunicación que su comunidad autónoma es noticia por algún caso de
corrupción del PSOE-A", ha agregado para concluir.
Según un documento facilitado por el PP-A a los periodistas en los
que se recogen datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 2012, en la comunidad existen 117 imputados socialistas,
de los cuales, 47 están condenados por delitos como fraude a la hacienda
pública, prevaricación y cohecho, tráfico de influencias, malversación,
delitos medioambientales o expedientes de regulación de empleo (ERE)
"fraudulentos".
Por provincias, es Sevilla la que más casos de este tipo acumula,
con 36; seguida de Granada, con 33; Málaga, con 30; Huelva, con 20;
Jaén, con 17; Cádiz, con 16; Almería, con 13, y Córdoba, con 6.
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