ALMERÍA.- El exalcalde de Carboneras Cristóbal
Fernández (PSOE) y seis de los ediles que conformaban su equipo de
gobierno declaran hoy martes en calidad de imputados en el marco de las
diligencias previas incoadas para determinar si incurrieron en un
presunto delito de prevaricación administrativa al mantener como
urbanizable el sector ST-1 de El Algarrobico sobre el que asienta el
hotel de Azata del Sol.
La jueza instructora ha citado a Fernández, al frente de la
Alcaldía durante dos décadas solo interrumpidas por una condena de seis
meses por un delito electoral del que finalmente fue indultado, a las
09.30 horas.
A la sede del Juzgado nº 3 de Vera deben acudir, asimismo, la
exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario
Fernández, así como Francisco Ruiz, quien le sustituyó mientras estuvo
inhabilitado, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa
Fuentes.
Podrá estar presente en la toma de testimonio la letrada de
Ecologistas en Acción Ana Sanchiz después de que la jueza en una
providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a
un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una
fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación
popular.
Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y
Greenpeace ha trasladado que esperan que estas declaraciones impulsen la
depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata
del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de
la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre
de la criatura", en alusión a Fernández.
Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el
independiente Salvador Hernández (Gicar), en el transcurso de un pleno
celebrado en 2009 y en el gobierno, votaron a favor de una adaptación de
las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) por la que se mantenía la clasificación de urbanizable
para el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata del Sol.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal
en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del
Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su
aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas
en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la
medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como
medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como
espacio protegido no urbanizable.
Tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de
Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también, para que comparezcan
en calidad de testigos este martes, la exdirectora del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico
del anterior equipo de gobierno.
El actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar),
señaló ante la jueza en su declaración prestada en marzo que las
decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo
mandato del exregidor del PSOE durante un pleno celebrado el 11 de
agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella
presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había
modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la
normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio
el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para
construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan
que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias
judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que
declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan
al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las
normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo
bajo mandato socialista.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,
formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la
querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el
regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El
Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo
conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de
investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las
actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase
las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se
"negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de
servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su
sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el
fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que
tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en
1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
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