ALMERÍA.- Los colectivos conservacionistas Ecologistas
en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que la declaración en
sede judicial como imputados de los integrantes del anterior equipo de
gobierno de Carboneras impulse la depuración de
"responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el
paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez
que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la
criatura", en alusión al exalcalde, el socialista Cristóbal Fernández.
La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado
que su organización "ha intentado" en al menos "dos ocasiones" que
Fernández comparezca ante la Justicia para "dar la cara por saltarse" la
normativa ambiental y la Ley de Costas, y hacer "caso omiso" de las
resoluciones judiciales que obligaban al Ayuntamiento a declarar suelo
no urbanizable el sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel y ha
celebrado que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3
de Vera se haya avanzado "más y tirado del hilo".
"Esperamos que prospere la imputación ya que lo ideal, y lo que
deseamos es que, no solo se derribe el hotel, sino que también, ojalá,
paguen los culpables de su construcción", ha asegurado Marcos, quien ha
considerado que lo que más se ajustaría a derecho sería que los que
fueron los promotores del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones
"hagan frente con su patrimonio del coste de la demolición y la
regeneración de la zona".
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 3 de Vera ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal
Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno
(PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar
si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al
declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa
el polémico hotel de Azata del Sol.
Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el
independiente Salvador Hernández (Gicar) por presunta desobediencia y
prevaricación, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno
apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el
que se asienta el hotel de Azata, una parcela que desde entonces aparece
como urbanizable en la normativa municipal.
En este sentido, un portavoz de Ecologistas en Acción, cuya
demanda dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente formulase denuncia
y judicializase el caso, ha indicado que, del procedimiento, debe salir
"por fin" la clasificación de no urbanizable para el paraje, "que ya le
ha otorgado incluso la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en
cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía".
"Resulta increíble que, a estas alturas y con infinidad de
resoluciones judiciales en esa línea, el Ayuntamiento siga sin adaptar
su normativa urbanística", ha señalado para, a continuación, remarcar
que, en la causa en fase ahora de instrucción, debe dirimirse una doble
responsabilidad que pasa, por un lado, "porque el actual equipo de
gobierno no adapta sus normas subsidiarias" y, por otro, "por el hecho
de la Junta no le ha obligado a hacerlo".
"Esperamos que la actual corporación modifique la actual
calificación de suelo urbanizable para El Algarrobico y esperamos
también que dejen de hacer política, arrastrando a otros ayuntamientos a
defender el hotel pese a que la única salida es su demolición", ha
remarcado.
El auto judicial cita a declarar a las 9,30 horas de hoy martes en
calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al
exalcalde. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y
hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles
socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y
Vanesa Fuentes.
Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al
Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para
que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor
jurídico del anterior equipo de gobierno.
En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado
el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya
prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las
decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le
imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del
exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11
de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella
presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil
no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en
la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio
el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para
construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan
que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias
judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que
declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan
al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las
normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo
bajo mandato socialista.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal
en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del
Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su
aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas
en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la
medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como
medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como
espacio protegido no urbanizable.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,
formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la
querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el
regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El
Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo
conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de
investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las
actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase
las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se
"negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de
servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su
sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el
fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que
tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en
1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
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