lunes, 3 de junio de 2013

El alcalde de Garrucha admite ser administrador de una empresa con la que contrató trabajos el Ayuntamiento

VERA.- El alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández (PP), ha admitido este lunes ante la jueza de instrucción, que fue "administrador" hasta noviembre de 2011 de la empresa Automecánica Garrucha SL con la que el Ayuntamiento habría contratado trabajos por un valor de 14.674,55 euros y alegado que desconocía que podía estar incurriendo en una "irregularidad administrativa" pese a ser licenciado en Derecho y trabajar en una asesoría.

   Fernández, según han indicado luego fuentes jurídicas, ha reconocido, asimismo, que goza de un régimen de dedicación exclusiva y ha negado que "existiera ningún lucro personal" en estas contrataciones, así como que "ocultase" su vinculación con la mercantil. Al hilo de esto, ha señalado que desconoce la ley de incompatibilidades y que no es especialista en "derecho administrativo y administración local".
   Cabe recordar que el regidor ha prestado declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vera en el marco de las diligencias previas incoadas a raíz de la querella penal del grupo municipal socialista. Se le investiga por la presunta comisión de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.
   Según ha detallado en un comunicado, ha trasladado a la juez que de la aprobación de las facturas por la Junta de Gobierno local "no se advirtió ninguna incidencia negativa ni por parte de los servicios jurídicos ni de la oposición, que tenía acceso inmediato a la relación de pagos aprobados desde 2007; y que tampoco el voto del alcalde era decisivo a la hora de aprobar los cargos".
   Al hilo de esto, ha argumentado que los trabajos con la mercantil "eran encargados por el área de Obras y Servicios sin consulta previa a la Alcaldía" y ha defendido que el Ayuntamiento "trabaja con todos los talleres mecánicos del municipio y de fuera, en función de la celeridad y los precios previstos para cada servicio de reparación o mantenimiento de los vehículos municipales", por lo que, a su juicio, "no existe ningún tratamiento de privilegio hacia esa empresa".
   La querella del PSOE detalla con documentación adjunta que el Ayuntamiento, desde 2008 y a través de su junta de gobierno local, habría venido "contratando, aprobando y pagando diferentes facturas" a la mercantil 'Automecánica Garrucha SL' en las que además "no existe descripción de los trabajos sino que aparecen conceptos genéricos como el mantenimiento de vehículo sin determinar ni de qué vehículo se trata ni los trabajos que se han realizado".
   Remarca que las aprobaciones de gastos y pagos "nunca debían haber tenido lugar" y tilda de "grosera y palmaria" la forma en que contravienen la normativa administrativa que impide a cargos públicos contratar con la administración en la que desarrollan sus funciones. En esta línea, califica las adjudicaciones de "totalmente arbitrarias y sin respetar los más fundamentales principios de igualdad, transparencia, publicidad y formalidades legales".
   La denuncia sostiene que el Ayuntamiento de Garrucha realizó las contrataciones con la mercantil "aún a sabiendas de la situación por parte del regidor municipal, que --ahonda-- Fernández sabía que no podía contratar porque consta en el registro de bienes, así se lo advirtieron los concejales de la oposición y es, además, de general conocimiento del pueblo que el alcalde regenta un taller mecánico dirigido por su hermano".
   Indica, asimismo, que el Ayuntamiento ha "obviado" que el alcalde en régimen de dedicación exclusiva "no puede contratar con su propia mercantil" y remarca que la actividad privada se ejerció de "manera simultánea" a la regidor. Al tiempo traslada al juzgado que Fernández también habría "incumplido" su deber de abstención.
   El auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Vera, dictado el 13 de abril, cita, así mismo, a parte de los querellantes. En concreto, cita para el 24 de junio de 2013 a la portavoz municipal socialista María López y a los ediles del PSOE, Carmen Muñoz y José Antonio Gallardo. En calidad de testigos, deberán comparecer el 1 de julio otras dos personas.

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