ALMERÍA.- Una juez ha acordado la apertura de
diligencias previas a raíz de la querella criminal que interpuso un
sindicato contra el jefe en la provincia de Almería de la Unidad de la
Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Francisco Llinares, por presunto "acoso laboral personal y laboral" a uno de sus delegados.
En el auto, notificado en diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 señala que
los hechos relatados por la Unión Federal de Policía (UFP) "presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".
La juez, que da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal,
que acordó sobreseer la denuncia por los mismos hechos, considera
necesario la práctica de diligencias para "determinar" la "naturaleza"
de las actuaciones denunciadas y las personas que podrían haber
intervenido.
Fuentes judiciales han indicado que la Fiscalía Provincial ya archivó la querella al no apreciar "elementos de ilícito penal"
en los hechos después de que se le diese traslado del expediente de
carácter interno incoado por la administración a instancias del
sindicato.
La denuncia por vía judicial de UFP, presentada en junio ante el Juzgado Decano, describe un presunto "acoso personal y laboral"
a uno de los delegados sindicales que se remontaría a 2009 y que, según
la denuncia, ha provocado que el afectado esté en situación de baja por
"grave deterioro físico y mental" al prolongarse hasta principios del presente año.
La querella asegura que, desde esa fecha, la situación "no sólo no ha cesado sino que ha ido en crecimiento" con el tiempo, y la ubica temporalmente en la toma de posesión de Francisco Llinares, quien, a partir de ese momento, comenzó a "quitar, detraer y restar competencias y funciones"
al denunciante "al que --ahonda-- le consta un largo historial
intachable, henchido de trabajo, esfuerzo y pleno de éxitos y
reconocimientos sin haber sido nunca sancionado, apercibido o
expedientado".
Indica la UFP, asimismo, que el demandado modificó en primer lugar
el puesto de trabajo del demandado "desplazándolo al despacho de
archivo, donde permanece totalmente aislado y sin contacto con el resto
de compañeros y que, a continuación, de una manera "arbitraria,
caprichosa e inmotivada" le retiró de tareas y funciones que venía desempeñando de forma habitual "con un grave deterioro de su vida personal y familiar".
Así, la querella, que atribuye la supuesta "persecución" a los
escritos de queja y a las denuncias presentadas por los representantes
provinciales del sindicato por la gestión del jefe de la Unidad, recoge
que se le retiró de los servicios voluntarios y remunerados de
contra-vigilancias "por cogerse cuatro días de liberación sindical que le correspondían"
o que "tras ocho años realizando las tareas de su puesto de trabajo con
el reconocimiento de los jefes anteriores, se le pasó del área de
gestión con horario de lunes a viernes al grupo de sala con turno
americano sin ningún tipo de aviso y claramente como réplicas a escritos
de queja".
La UFP sostiene en la denuncia, asimismo, que el superior del denunciante le habría sometido a "descalificaciones públicas o menosprecios verbales" con frases que expresaban su desconfianza en el trabajo como "parece mentira los años que lleva en la Policía", "es un poco torpe", "es un mal funcionario indeseable" o "quiere destruir el buen ambiente en la unidad". En esta línea, hace referencia, asimismo, a la difusión de rumores que apuntaba que "tenía escondidas las llaves de los armarios de seguridad y una emisora de radio de un coche que no aparecía".
La extensa y prolija denuncia del sindicato describe, asimismo, un presunto episodio en el que el demandando "de forma incomprensible y con la intención de amedrentar y quebrar la voluntad" del afectado, le dijo que si cambiaba de servicio "sin problemas, no le abriría expediente por hechos" que el delegado sindical califica de "completamente falsos".
Al hilo de esto, detalla que el mando habría dado orden a una
patrulla para que fuese a buscar a su domicilio y al de sus padres al
demandante después de que este no acudiese a su puesto de trabajo por
una "lumbalgia", lo que, según indica el sindicato, "constituye un grave atentado contra su intimidad personal y familiar".
La querella concluye que otros representantes sindicales tanto de
la UFP como del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación
Española de la Policía (CEP) habrían sido objeto de actuaciones
similares por desempeñar su labor y solicita la declaración como
imputado del jefe de la Unidad Adscrita de Policía Autonómica, la
citación de siete testigos y la práctica de numerosas pruebas
documentales con oficio a la Junta de Andalucía.
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