ALMERÍA.- El director general de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, Pablo Saavedra, ha señalado este lunes que el protocolo
de colaboración firmado entre el presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar en
noviembre del pasado año para proceder a la demolición del hotel y a la
posterior recuperación de la playa de El Algarrobico "por sí solo no
sirve para nada", de manera que ha ofrecido su "colaboración" al
Gobierno andaluz, al que ha instado a "hablar" sobre este asunto.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión con
alcaldes de municipios costeros de Almería, Saavedra ha señalado que la
"oferta" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, pasa por "sentarse a hablar" con el consejero de
ramo sobre ese protocolo, ya que a través del mismo "se pretenden asumir
actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera".
El director de Costas se ha mostrado contrario al documento
rubricado unos días antes de las últimas elecciones generales, por el
que se señala que ambas administraciones deben contribuir a la inmediata
demolición del hotel El Algarrobico y a la posterior restauración y
recuperación ambiental del espacio en el que se sitúa. En este sentido,
el Ministerio se comprometía a abordar la financiación de la demolición
de la edificación y la Junta de Andalucía, a abordar el desescombro y
correcta gestión de los residuos.
Se trata "de una declaración de intenciones con la supuesta
asunción de unas obligaciones que tendrían un coste que ni se
cuantifica" y en el que tampoco "se establece con cargo a qué partidas
presupuestarias se podría financiar", según ha explicado Saavedra, quien
ha justificado de este modo la invalidez, a su juicio, del protocolo de
colaboración antes de asegurar que desde el Gobierno estarán
"encantados" de ayudar a la Junta, en caso de que se lo solicite.
En este sentido, ha matizado que la posible demolición del
polémico hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas asentado en
el paraje de Carboneras tendrá que venir derivada de una decisión
judicial "firme", con lo que ha señalado que habrá que esperar a que el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la
licencia de obras del establecimiento --que fue anulada en primera
instancia-- al considerar que esta sentencia será "decisiva" para
conocer el futuro del hotel.
No obstante, ha reconocido que las últimas resoluciones
judiciales, entre las que el TSJA anulaba parcialmente el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008 y devolvía a la zona
la protección del plan de 1994, es decir, el de un área "no
urbanizable"; los jueces han mostrado el camino para derruir el hotel
"pero no es una resolución que lleve a decretar la demolición".
"Hay una reflexión sobre la forma en la que sería la
demolición", ha reconocido Saavedra, quien en esta línea ha apuntado que
cuando se ha solicitado la puesta en marcha de la demolición, cosa que
se ha requerido en otras ocasiones, según ha especificado; los jueces
"han señalado expresamente" su negativa al respecto hasta que se
finalicen los procesos judiciales abierto.
Sobre la posición adoptada por varios alcaldes de distintos
signos políticos a favor de la apertura del hotel mediante la aprobación
de una moción en los plenos de sus respectivas mancomunidades, Saavedra
ha reincidido en que la posición del Ministerio está marcada por las
resoluciones judiciales. "El Ministerio ni tiene, ni quiere tener una
posición política diferente ni puede tenerla dado que lo único que le
corresponde es velar por el cumplimiento de la Ley de Costas", ha
remarcado.
Así, tras indicar que durante la reunión con alcaldes de
municipios costeros de Almería el asunto de El Algarrobico se ha
mencionado "de pasada", ha manifestado que si finalmente las
resoluciones y sentencias van en la dirección de la "ilegalidad" del
hotel, se acatarán las sentencias. No obstante, ha remarcado que el
Gobierno "no es responsable de la construcción del hotel" y se limita a
"ofrecer su colaboración" a la Junta, ante las actuaciones "que tenga a
bien promover en un futuro".
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