SEVILLA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (Apdha) ha pedido este lunes a la Junta de Andalucía que
ejerza "insumisión" frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que mantenga
la asistencia sanitaria "a todas las personas, independientemente de su
nacionalidad y su situación administrativa", incluidos los inmigrantes
en situación administrativa irregular.
En una nota, la asociación ha manifestado su "absoluto
rechazo" a los "recortes" desarrollados por el Gobierno central en
materia sanitaria, especialmente a la supresión de la atención sanitaria
para las personas extranjeras en situación administrativa irregular.
La Apdha ha defendido que las estadísticas muestran una
realidad "muy diferente a la que se perfila en los argumentos aportados
por el Ejecutivo", puesto que "las personas extranjeras que hacen mayor
uso de nuestro sistema de salud son ciudadanos de la Unión Europea.
Así, mientras que la asociación considera que "no está de más
condenar posibles abusos del llamado 'turismo sanitario'", no debe
cometerse "el error de caer en el recurso de la demagogia xenófoba del
que hace uso desde instancias gubernamentales en este caso".
La Apdha ha asegurado que "buena parte de las personas
inmigrantes en situación irregular son ciudadanos que han residido
durante años legalmente en España y que, debido a la situación económica
y a las duras exigencias impuestas por la legislación de extranjería
para renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, han perdido las
mismas".
Por tanto, la asociación considera que "no se puede esgrimir
el argumento de que no han contribuido con sus impuestos y que no han
respetado las normas, puesto que han participado y colaborado en el
crecimiento socioeconómico de España durante el periodo de bonanza".
Con todo, la Apdha ha afirmado que "la dignidad, los Derechos
Humanos y la universalidad e igualdad en el acceso a los derechos
básicos, como a la sanidad, no pueden ser puestos en juego bajo la
excusa de la crisis".
De este modo, la asociación ha exigido la retirada del Real
Decreto-Ley 16/2012, al tiempo que apoyará cuantas iniciativas se lancen
desde la sociedad civil con este objetivo. Por último, ha planteado "a
quienes están legalmente autorizados para ello" la necesidad de elevar
ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad
contra esta norma.
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