Las zonas productoras de tomate instan a los partidos a oponerse al acuerdo con Marruecos

ALMERÍA.- Tras la reunión mantenida este miércoles en Almería por los representantes del Comité de Tomate de FEPEX, constituido por las asociaciones de productores exportadores de Andalucía (Coexphal), Murcia (Proexport), Comunidad Valenciana (Fexphal) y Canarias (FEDEX y ACETO) se ha acordado que todas las zonas productoras soliciten en sus respectivas Comunidades Autónomas una oposición rotunda de los partidos políticos al Acuerdo con Marruecos.  

La patronal agraria murciana Proexport, por ejemplo, solicitará al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel que, en su calidad de futuro presidente del Comité de las Regiones, se posicione en contra de la ratificación del Acuerdo de Marruecos por parte del Parlamento Europeo, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.

   El presidente del Comité Nacional de Tomate, José Hernández, ha calificado esta votación en el seno del Parlamento Europeo de una "enorme trascendencia para el futuro del empleo del sector agrario, ya que su aprobación liberalizaría no sólo el comercio del tomate sino el de gran parte de las frutas y hortalizas, lo que afectaría a 450.000 empleos directos, que suponen el 65 por ciento del empleo agrario en España".

   Ante esta "insostenible situación", los productores reunidos en Fepex han acordado solicitar "que el Parlamento Europeo devuelva al Consejo y a la Comisión el Acuerdo de Asociación con Marruecos, pendiente de ratificación, para que se incluyan cláusulas sociales por impacto social y económico que tendría sobre el sector hortofrutícola español".

   Asimismo, solicitan "que los partidos políticos españoles establezcan una posición común ante las instituciones comunitarias exigiendo la revisión del Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación y que trabajen activamente con el fin de que dicho Protocolo sea rechazado por el Pleno del Parlamento Europeo en las condiciones actuales".

   Por último, piden que "la Comisión Europea aplique lo establecido en el Acuerdo en vigor, especialmente lo relativo a precios de entrada e impago de los derechos de aduanas, aplicación de la cláusula de salvaguardia y Apertura de un procedimiento de investigación 'antidumping'".