La nueva normativa aprobada hoy, que deroga la aprobada en el debate final en el Pleno del Parlamento el pasado mes de mayo --que no ha llegado a entrar en vigor-- en la que se incluyeron por error 29 enmiendas del PP-A que alteraban sustancialmente el texto presentado por la Consejería de Medio Ambiente, regulará y abordará por primera vez las necesidades específicas de todas las aguas que transcurren por Andalucía en las que el Gobierno andaluz es competente: las cuencas del Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras, Mediterránea y la práctica totalidad de la cuenca del Guadalquivir.
De igual forma, la proposición de Ley incluye 116 enmiendas que afectan, fundamentalmente, a aspectos formales pues aluden a la Agencia Andaluza del Agua, y que han tenido que modificarse debido a la reestructuración del sector público andaluz, que en el caso de la Consejería de Medio Ambiente quedará definido en la constitución de una agencia pública a raíz de la fusión de la Agencia Andaluza del Agua y Egmasa.
La Ley de Aguas aprobada hoy tiene como objetivo básico llevar a cabo un modelo de gestión que consiga un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos sus usos, primando el abastecimiento y los caudales ecológicos e impulsando aquellos que permitan una mayor creación de riqueza, empleo y cohesión territorial en Andalucía, pero, especialmente, persigue proteger un recurso escaso en consonancia con las exigencias medioambientales de la Directiva Marco de Agua europea.
La principal novedad que la normativa llevará a cabo en este aspecto será la flexibilización del régimen concesional, con la equiparación de las actividades económicas para conseguir dar un impulso a aquellos nuevos sectores que generen un mayor valor añadido en términos de creación de riqueza y sean medioambientalmente sostenibles. Los Bancos Públicos del Agua serán los instrumentos que podrán llevar a cabo esta flexibilización.
La Ley pone también especial atención a la participación de la sociedad en la gestión del agua y la pone en práctica con la creación del Observatorio Andaluz del Agua, un órgano que recogerá, analizará y facilitará a los ciudadanos toda la información necesaria
Por otra parte, la nueva normativa compromete al Gobierno andaluz a iniciar una serie de medidas que consigan el buen estado ecológico de todas las masas de agua de Andalucía, como marca la directiva europea, y así lograr la preservación de todos los ecosistemas de Andalucía.
Para ello, se pondrá en marcha un plan de infraestructuras de depuración con el fin de alcanzar que todas las aguas residuales que generan los núcleos urbanos andaluces se viertan a los ríos en las mejores condiciones posibles, independientemente de la capacidad de gestión que tengan los municipios.
Además, por primera vez, una Ley de aguas equipara los recursos hídricos subterráneos a los superficiales, regulando su gestión e impulsando la creación de comunidades de usuarios. Además introduce nuevas medidas para controlar la extracción de agua de los acuíferos, incluidas aquellas captaciones menores de 7.000 metros cúbicos, y poniendo especial interés en las medidas de protección de aquellos que están en riesgo de sobreexplotación.
Para llevar a cabo estos objetivos, la nueva legislación autonómica configura un nuevo régimen económico-financiero, que homogenizará y armonizará los cánones e impuestos existentes hasta el momento en torno al agua para que todos los andaluces, vivan donde vivan, paguen justamente por los servicios públicos del agua recibidos.
El diputado del PSOE-A Fidel Mesa defendió que esta nueva ley es "necesaria y útil para Andalucía", ya que "favorece el desarrollo económico y social haciéndolo compatible con el buen estado del agua y los ecosistemas".
Defendió que el objeto de la ley "no ha cambiado" y que las enmiendas introducidas por el PSOE-A no persiguen otra cosa que "cumplir con el compromiso de reducir el déficit público para favorecer la reactivación de la economía y garantizar la cobertura de las necesidades de la población".
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseguró que Andalucía "ya tiene la ley que quería y que ha contado desde el principio con un amplio consenso entre todos los sectores socioeconómicos", cuya primera razón de ser es la protección ecológica del recurso.
Asimismo, apuntó que la nueva agencia pública que surgirá de la fusión entre la Agencia Andaluza del Agua y Egmasa ofrecerá "garantías jurídicas y estabilidad laboral a sus trabajadores", procurando una administración "más eficiente, cercana, que favorezca el ahorro y mejore el servicio público".
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