jueves, 18 de febrero de 2010

Aplazado el juicio por cesión ilegal en Elsur ante la aportación de 3.000 folios por parte de Amate

ALMERÍA.- El juicio por una presunta cesión ilegal de 97 trabajadores municipales de las empresa Maviroad y Arborimar, subcontratas de la entidad mixta de servicios municipales Elsur de El Ejido --entidad matriz en la trama de la operación 'Poniente'--, se aplazó al próximo 25 de febrero después de que la defensa del empresario José Antonio Amate, ex director de explotación de las subcontratas, presentara más de 3.000 folios en cuatro cajas para su admisión como prueba, un extremo que se deberá determinar el juez y las partes al ser nueva documentación.

Así lo explicó el coordinador de Administración Local de CCOO, Juan López, quien explicó que, finalmente, en el juicio, que había sido suspendido con anterioridad para acumular todos los procesos de las empresas de Amate contra Elsur, no tomó parte la Inspección de Trabajo, entidad que también denunció a raíz del acta de infracción levantada sobre Elsur.

De esta forma, se mantiene fechado este proceso para el próximo mes de noviembre en el Juzgado de lo Social 4 de la capital, ya que, según relató López, "no se llegó a citar a la Junta de Andalucía por motivos que se desconocen pese a que se reconoció al letrado de UGT que solicitó correctamente la acumulación de procedimientos".

No obstante, en lo que respecta a las denuncias presentadas desde los sindicatos de trabajadores, se dio comienzo a la vista oral que se extendió hasta las 15,30 horas en la que dos empleados, delegados de CCOO, fueron reclamados por el juez como prueba testifical.

Durante el transcurso del juicio, la defensa de Amate presentó cuatro cajas que contenían más de 3.000 folios, según la versión sindical, para que fueran admitidas como prueba documental, ya que, en ellas se recoge diferentes tipos de escritos relacionados presuntamente con contratos, alquileres y facturas con los que se justificaría la entidad como empresa.

Así, el juez, junto con las defensas del resto de partes, acordaron aplazar el juicio para poder estudiar la nueva documentación aportada, a fin de determinar su validez como prueba en el proceso, si bien se decidió retirar una de las cajas que contenía documentación de acceso público para las partes.

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