MADRID.- WWF y Greenpeace han pedido al Gobierno destinar como mínimo 1.000 millones de euros anuales a la gestión y protección del territorio en el marco de toda una serie de reclamaciones para que impulse la prevención contra las llamas ante el Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales, que se celebra cada 18 de agosto.
, ambas organizaciones han demandado más educación a la población e incidir en la investigación de las causas que provocan los fuegos.
En concreto, WWF ha insistido junto a otras organizaciones en la necesidad de poner en marcha un plan de prevención con compromisos como gestionar cada año como mínimo el 1% de la superficie forestal, destinar como mínimo 1.000 millones de euros anuales a la gestión y protección del territorio, apoyar a agricultores y ganaderas que mantienen vivo y diverso el medio rural, proteger mejor los pueblos y preparar a la ciudadanía, así como coordinar las políticas públicas y hacer un seguimiento de estas.
A su vez, ha subrayado la importancia de avanzar hacia una estrategia integral de adaptación del territorio ante los incendios, preparar mejor a la población y poner en marcha un plan de prevención con compromisos como el de gestionar cada año como mínimo el 1% de la superficie forestal.
En este sentido, la organización ecologista ha demandado reducir las igniciones de origen humano mediante una mayor investigación de las causas y motivaciones, una mejor identificación de los responsables, la aplicación efectiva de sanciones y condenas y programas de prevención social en las zonas con mayor recurrencia de incendios.
Asimismo, ha instado a generar una cultura social de riesgo y a preparar mejor a la población, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal. A su juicio, esto implica mejorar la información y la sensibilización de las personas, así como reforzar la autoprotección.
"La prevención debe combinar distintas herramientas: reducir las igniciones de origen humano, gestionar y adaptar el paisaje, recuperar actividades agrarias y ganaderas compatibles con la conservación, restaurar ecosistemas degradados y preparar a la población para convivir con un riesgo que no puede eliminarse por completo", ha resumido.
Por su parte, Greenpeace ha reclamado al Gobierno central que destine al menos 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje a escala nacional, preparando el territorio para el paso de las llamas.
A su vez, ha instado a poner en marcha una estrategia integral de prevención centrada en las causas de los incendios, con más educación ambiental, diálogo social, más investigación de causas, más vigilancia y más recursos para la Fiscalía de Medio Ambiente, Seprona y agentes forestales.
A juicio de los ecologistas, otro aspecto "clave" en el que podría intervenir el Ejecutivo es garantizar que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza incorpore el cumplimiento previo de la normativa de prevención de incendios forestales en las zonas de alto riesgo sujetas a restauración.
"A todo ello debe unirse un compromiso serio de mitigación de las causas del cambio climático, dedicando a la transición ecológica los recursos que aún siguen subvencionando los combustibles fósiles", han recalcado.
También han reclamado al Congreso "un acuerdo político urgente" frente a la emergencia climática que se fundamente en la ciencia, con mirada sistémica, vocación de permanencia, aplicación efectiva y que garantice que todas las instituciones actúen "con ambición, lealtad, coordinación y responsabilidad".
Desde su punto de vista, este pacto debe consolidarse como una política pública estable capaz de transformar el modelo territorial, alimentario, energético y productivo.
Por último, Greenpeace ha pedido a las comunidades autónomas (CCAA) que implementen un cambio de modelo hacia una planificación y gestión del territorio que identifique los riesgos climáticos y las zonas de alta vulnerabilidad a los grandes incendios forestales.
Además, ha reiterado la importancia de garantizar la estabilidad y profesionalización de los trabajadores del operativo dedicado a la extinción de incendios y otras emergencias ambientales, así como mejorar la fiscalidad aplicada a la gestión forestal.
En este marco, el responsable de la campaña de bosques en Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha afirmado que la evolución de los incendios forestales hacia episodios de alta peligrosidad "es mucho más rápida de lo que se esperaba".
"Hay un descenso del número de incendios, pero un aumento exponencial de la superficie quemada por grandes incendios forestales. El mayor incendio de la historia de España, récords autonómicos de superficie y el incendio más mortífero evidencian la magnitud de una emergencia que exige reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticiparse al fuego", ha advertido.
