SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha suscrito este martes, junto a las comunidades
autónomas de Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de
Murcia y Canarias, un manifiesto conjunto por la defensa del litoral
español y su gestión responsable.
El documento, rubricado por
los responsables autonómicos en materia de Costas durante un acto
celebrado en la ciudad de Valencia, denuncia las carencias del actual
marco normativo estatal, la falta de inversiones por parte del Gobierno
de España y la necesidad urgente de reformar la Ley de Costas para
adaptarla a las realidades territoriales de cada comunidad.
En representación del Gobierno andaluz ha participado la directora
general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez,
quien ha afirmado que "hemos dado un paso importante para reivindicar
que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio
natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y
un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones".
La firma del manifiesto ha tenido lugar en el marco de las jornadas
"La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica", organizadas
en Valencia para reflexionar sobre la evolución de la legislación
costera desde la experiencia de las comunidades con competencias
transferidas.
Carmen Jiménez ha intervenido en una mesa
redonda junto a otros responsables autonómicos, donde ha trasladado la
posición de Andalucía y los desafíos que afronta la región ante la
creciente presión normativa, la inseguridad jurídica y los efectos del
cambio climático sobre el litoral.
El manifiesto suscrito
pone de relieve la ausencia de criterios técnicos claros y coherentes
por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico en el establecimiento de los límites del dominio público
marítimo-terrestre, lo que genera incertidumbre jurídica y social,
especialmente en un contexto de erosión costera e inundaciones cada vez
más frecuentes.
Además, denuncia que el actual modelo de
gobernanza obstaculiza una gestión eficaz del litoral por parte de las
comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen la realidad de sus
costas.
Entre las principales reclamaciones, el texto exige
la cesión de los ingresos por cánones vinculados al uso del dominio
público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas, el impulso de
una reforma legislativa que permita ejercer plenamente sus competencias.
También se pide protección legal para núcleos costeros con valores
históricos y etnológicos, y una resolución pactada del procedimiento de
infracción abierto contra España por la Comisión Europea, con
participación activa de las comunidades afectadas.
La
directora general ha sostenido que "se ha hecho evidente que el marco
legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a
los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del
litoral. Las comunidades con litoral tenemos experiencia, conocimiento y
herramientas, pero necesitamos contar con respaldo legal, coordinación
institucional y recursos".
La directora general ha señalado que la Consejería de Sostenibilidad y
Medio Ambiente impulsa herramientas como la Zonificación del Litoral o
el Inventario de Ocupaciones, que permiten gestionar con rigor,
adaptando las decisiones a la realidad de cada tramo de costa y
priorizando criterios de sostenibilidad.
Gracias a estos
instrumentos, Andalucía tramita una media de 3.000 expedientes al año,
incluyendo autorizaciones, concesiones, planes de playa y declaraciones
responsables.
Además, ha destacado la apuesta por la
transformación digital con la puesta en marcha de la herramienta OLA
(Ordenación del Litoral Andaluz), que integra información técnica,
cartográfica y administrativa en un único entorno de trabajo.
Respecto al cambio climático, ha subrayado el compromiso andaluz con la
planificación basada en evidencia científica, citando proyectos como
ICCOAST o el estudio del efecto Bruun. "Contar con modelos predictivos y
mapas de riesgo nos permite priorizar actuaciones y anticipar
decisiones en los puntos más vulnerables de nuestra costa", ha afirmado.
También ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica
derivada del actual procedimiento de infracción abierto por la Comisión
Europea, señalando que Andalucía mantiene más de 400 expedientes
bloqueados debido a los cambios de criterio del Ministerio de Transición
Ecológica.
"Este bloqueo no solo paraliza inversiones y
actividades, sino que genera una gran incertidumbre empresas y
ciudadanía. Las comunidades necesitamos seguridad jurídica para ejercer
con eficacia nuestras competencias", ha sostenido.
Por último, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que recoja las singularidades de cada territorio y refuerce la cooperación entre administraciones.
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