ALMERÍA.- La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la
Junta en Almería, Dolores Martínez, ha inaugurado este jueves unas
jornadas dirigidas a alcaldes y concejales de la provincia de Difusión
del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia
de vivienda.
Se trata de un plan de choque con el que la
Junta de Andalucía pretende facilitar el acceso a la vivienda con
medidas que permitan la construcción de 20.000 viviendas protegidas en
Andalucía en los próximos cinco años "y que además suponga también un
elemento de refuerzo de la economía andaluza", según ha explicado la
delegada territorial en una nota.
Martínez ha incidido en que
para conseguir esto "es necesaria la participación de todo el sector,
de los ayuntamientos y de todas las administraciones, así como de los
promotores públicos y privados, los agentes sociales y económicos, los
colegios profesionales, las entidades financieras y las empresas de la
construcción".
Entre las medidas, el Decreto ley contempla
ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar
mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a Viviendas de
Protección Oficial (VPO), crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos
e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de
Proyectos (UAP).
Durante la Jornada, que ha tenido lugar en el
edificio Andalucía Junta, se han celebrado tres mesas de trabajo. En la
primera de ellas, denominada 'Una visión compartida para impulsar el
acceso a la vivienda', han participado la jefa de Servicio de Vivienda
de la Delegación de Fomento, María Dolores López, y el jefe de Servicio
de Urbanismo de esta, Francisco Torres.
También han
intervenido el secretario general provincial de la Delegación de
Industria, Energía y Minas, José Manuel Rodríguez, y el jefe de Servicio
de Asesoramiento Urbanístico de la Diputación provincial, Juan Martín.
Ha estado moderada por la jefa de Servicio de Rehabilitación y
Arquitectura de la Delegación de Fomento, Ana María Mateo.
'El
impulso municipal en la política de vivienda' ha sido el lema de la
segunda Mesa que ha sido moderada por la propia delegada territorial,
Dolores Martínez. En esta han intervenido la alcaldesa de Almería, María
del Mar Vázquez; el alcalde de Macael, Raúl Martínez; el de Zurgena,
Domingo Trabalón y el teniente alcalde de Laroya, Guillermo Medina.
La última de las mesas de trabajo celebradas ha sido la de 'El
impulso a la promoción de vivienda', moderada en esta ocasión por la
secretaria general de la Delegación organizadora de las Jornadas, Blanca
Marín, con la participación de, secretario de la Asociación de
Promotores Constructores de Edificios de Asempal, Andrés Montiel; el
director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), Rafael Burgos y la diputada provincial de Vivienda,
Ana Lourdes Ramírez.
La delegada ha explicado que Andalucía ya
había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, "pero que ha
anticipado algunas medidas dentro de este plan de choque para su
aplicación con carácter urgente".
El Decreto ley se marca
como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda
protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en
parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras
urbanización.
"Así, se permitirá que los solares o edificios con uso
como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas
protegidas".
"Además, se podrá aumentar la densidad de
viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay
compromiso de que sean protegidas y se podrán edificar viviendas
protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos
de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de
límites", han señalado desde la Junta.
También se promueve la
construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de
equipamientos "cuando no tengan uso específico o estén calificadas con
el uso genérico de interés público y social".
Otra medida que
se pone en marcha es la posibilidad de incorporar promociones con un
número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de
Proyectos, que supondrá una "mayor agilización" en su tramitación, con
la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250
viviendas protegidas.
Igualmente podrá asignarse el
desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con
la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que
implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible.
Entre las medidas que buscan la implicación de los promotores en la
construcción de viviendas protegidas, está la creación de una bolsa de
suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000
habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir
viviendas "a precio asequible".
Los ayuntamientos tendrán
tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda
protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este
tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un "sistema ágil"
de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida,
que se suma al registro de demandantes.
Este sistema permite
comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los
promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias
para desarrollar y simplificar más este procedimiento.
Los
promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un
lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next
Generation y la Junta abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo
año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan
viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos
públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años.
Las subvenciones pueden alcanzar hasta 50.000 euros por vivienda que
se construya. Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los
objetivos del plan de choque. De esta manera, "se actualizan los
coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la
vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción".
Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios
de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la
vivienda libre sea, al menos, de un 25 por ciento; municipios con una
demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los
tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen "condiciones
excepcionales" por su actividad industrial o económica.
Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas,
"permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para
adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas".
Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el Iprem para las
viviendas de régimen general, y hasta siete veces el Iprem en régimen
de precio limitado.
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