El Gobierno y la UAL renuevan un convenio para impulsar prácticas en zonas despobladas

 ALMERÍA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad de Almería (UAL) han renovado el convenio para ejecutar el programa 'Campus Rural', que permite a estudiantes universitarios de Almería realizar prácticas en zonas rurales con problemas de despoblación y fomenta el desarrollo territorial y social.

El objetivo de este acuerdo, que el Miteco y la UAL firmaron por primera vez en abril de 2022, es que los estudiantes universitarios puedan completar su formación mediante prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, en zonas rurales con problemas de despoblación, residiendo en ellas durante el periodo de prácticas.

La intención es que conozcan en profundidad estos entornos, convivan y colaboren con su gente, "de modo que puedan verlo como un lugar de oportunidades para el desarrollo de su futuro profesional", según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Almería en un comunicado.

En la iniciativa también colabora el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) "con el fin de favorecer entornos con problemas para fijar a la población".

Este convenio sustituye al firmado en 2024 y establece condiciones de selección, duración, seguimiento y financiación, en la que el Ministerio de Transición Ecológica asume el 90 por ciento y las universidades el diez por ciento.

Las prácticas tendrán una duración mínima de dos meses y máxima de cinco meses para cada persona participante. La fecha límite para su finalización se ha fijado en el 14 de noviembre del ejercicio.

Las prácticas académicas se realizarán en entidades cuyas dependencias o actividades estén ubicadas en dichas zonas de vulnerabilidad territorial. Podrán llevarse a cabo en ayuntamientos, mancomunidades y otros organismos públicos, así como en empresas, asociaciones, Cámaras de Comercio y fundaciones sin ánimo de lucro.

Cada estudiante recibirá una prestación económica de 1.000 euros brutos mensuales, además de la cobertura de los gastos de seguridad social, sin que ello suponga ningún coste para las entidades colaboradoras.