La Junta incide en publicar "corregido" el PGOU de Carboneras para hacer no urbanizable El Algarrobico

 SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha incidido en la "obligación" del Ayuntamiento de Carboneras de publicar su normativa urbanística "corregida" conforme a las sentencias que le obliga a declarar no urbanizable el paraje de El Algarrobico, donde se asienta el hotel promovido por Azata del Sol, a fin de que se pueda tener como ejecutada la sentencia encaminada a restaurar urbanística y medioambientalmente ese espacio.

Así lo ha trasladado en el escrito de alegaciones elevado al TSJA frente a los documentos que el Consistorio carbonero remitió el pasado verano para tratar de certificar, sin necesidad de modificar el planeamiento mediante un acuerdo en Pleno, que se ha dado cumplimiento al fallo que obliga a inscribir los suelos de los sectores ST-1 y ST-2 --El Algarrobico y El Canillar-- como no urbanizables.

La representación letrada de la Junta entiende que la Ley de Bases del Régimen Local y la propia Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) "imponen la publicación de la normativa corregida" para que esta despliegue sus efectos y no solo las anotaciones trasladadas a los "documentos técnicos" del PGOU.

Asimismo, hace referencia a la jurisprudencia que señala que los planes de urbanismo "al tener la disposición de carácter general, están sometidos al principio de publicidad de las normas"; un aspecto que se extiende también a los documentos del plan, "incluidas las 'fichas' de los distintos ámbitos de gestión" cuando tengan "contenido normativo".

De otro lado, el letrado de la Junta también incide en que, en su propia providencia del pasado 11 de septiembre, la magistrada ponente María del Mar Jiménez solicitaba al Ayuntamiento que dirige Salvador Hernández (C's) algunas aclaraciones muy específicas sobre los informes y documentos remitidos al tribunal, sobre los que el resto de partes deben trasladar sus alegaciones.

"La propia providencia ya advierte de errores en la documentación trasladada desde el Ayuntamiento de Carboneras, por lo que debemos atender a su rectificación", han indicado para dar cuenta de que aún esperan dichas aclaraciones, toda vez que incide en otros "errores" detectados por los servicios técnicos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Precisamente fue esta valoración técnica sobre la documentación aportada por el Consistorio lo que motivó que la Junta solicitara un aumento del plazo para trasladar sus alegaciones al TSJA, para lo que se le concedió diez días más.

Con ello, desde la Administración autonómica se advierte que podría influir en contenido la "necesaria adecuación a la Lista" de los documentos trasladados por el Ayuntamiento de Carboneras al tribunal en base a las dos primeras disposiciones transitorias de la normativa regional.

De otro lado, desde la Junta se señala que el BOJA ya recoge mediante su publicación en noviembre de 2012 el nivel de protección medio ambiental del referido sector es el que corresponde a la zona C1 en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por Decreto en 1994 conforme a la planimetría publicada en el mismo boletín.

Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneras ha dirigido un oficio a la Sala de lo Contencioso-administrativo al haber transcurrido el plazo otorgado por el tribunal para que se respondiera a las aclaraciones exigidas por la Sala el pasado 11 de septiembre para informar que carece de secretaria municipal y solicitar una prórroga hasta solventar este aspecto.

En su escrito rubricado el pasado 18 de octubre, el alcalde ponía en conocimiento de la Sala que la secretaria titular se encontraba de baja, toda vez que la sustituta que "ejercía sus funciones en régimen de acumulación cesó el pasado 9 de octubre", por lo que "actualmente no hay secretaria".

No obstante, Hernández se compromete con la Sala a dar respuesta a sus peticiones "en el momento de incorporación o nombramiento de secretaria en el Ayuntamiento de Carboneras", si bien hasta entonces pide en nombre de la corporación la suspensión de los plazos.

En su providencia del pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada reclamaba una serie de precisiones al Ayuntamiento ante los documentos que se le hicieron llegar durante el mes de agosto junto con el resto de archivos remitidos inicialmente.

En concreto, se interesa por conocer por qué el sector ST-2 correspondiente a El Canillar aparecía aún como "suelo urbanizable vigente" el subapartado sobre usos, densidades y edificabilidades globales del PGOU vigente, ya modificado y rectificado, dentro uno de los artículos del capítulo II del planeamiento de Carboneras.

De igual modo, no apreciaba que existiera una modificación y rectificación en relación al anexo de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras, referido al artículo sobre los usos de los suelos en cuestión.

A la espera de recibir estas aclaraciones, la Sala daba finalmente por atendido el requerimiento hecho el pasado 11 de julio, al que apercibió en varias ocasiones por no "cumplir debidamente" sus peticiones, por lo que llegó incluso a apercibir al alcalde con ir a la Fiscalía ante un presunto delito de desobediencia.

Con ello, acordó abrir una trámite de alegaciones para que el resto de la partes del procedimiento impulsado por los colectivos Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar indicaran lo que estimaran oportuno sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga a variar el PGOU para que El Algarrobico conste como "suelo no urbanizable" y "de especial protección".

En este sentido, la organización ecologista Greenpeace fue la primera en contestar para rechazar que la actuación efectuada por el Ayuntamiento sirva para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a restaurar su protección ambiental de El Algarrobico y El Canillar, toda vez que avisó de que en la propia documentación remitida al TSJA por parte del Consistorio los terrenos figuraban aún como "urbanizables".

Para la entidad conservacionista, el trámite realizado por el Ayuntamiento de Carboneras mediante las certificaciones remitidas al alto tribunal andaluz durante este verano no suponen un cumplimiento de la sentencia para modificar el PGOU y devolver a su estado original la calificación de los suelos.

Desde Greenpeace se solicitó al TSJA que acordara que "el Ayuntamiento de Carboneras sigue sin dar cumplimiento a la sentencia objeto de esta ejecutoria".