MADRID.- El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido
dos dictámenes que condenan a España por violar los derechos de dos
menores solicitantes de asilo, que llegaron solos a Almería y que fueron
declarados mayores de edad por la Fiscalía.
Según recogen los
dictámenes, el Comité ha obligado a España a regularizar a los citados menores
-uno procedente de Costa de Marfil y otro de República de Guinea que
llegaron a la Península en patera- su situación administrativa en España
y la corrección de la fecha de nacimiento en sus tarjetas de asilo conforme a la fecha acreditada en los documentos oficiales.
Según la Fundación Raíces, es la quinta vez que España es
condenada por incumplimiento del Convenio de Derechos del Niño. En esta
ocasión la Fiscalía les "denegó su condición de niños" al dictar un decreto de mayoría de edad
pese a disponer de documentación de sus países. Esta situación impidió a
los menores solicitar asilo al no estar permitida la formalización de
los trámites a menores de edad sin tutor.
Ante esta situación, los menores se vieron obligados a reconocer la mayoría de edad para poder acceder al procedimiento de protección internacional
a pesar de no tener tutor. En uno de los casos, Acnur presentó un
informe ante el Comité de la ONU en que dejaba constancia de lo
ocurrido.
En el caso de ambos menores, el Comité de Naciones Unidas considera que el procedimiento de determinación de la edad no contó con las garantías necesarias
para proteger los derechos de los niños, reconocidos en la Convención y
que España violó los artículos 3 y 12, al no tomar como consideración
primordial su interés superior durante el procedimiento.
En este sentido, la ONU critica que las autoridades españolas no aceptaron los documentos de identidad oficiales y originales del país de origen
de estos menores, en uno de los casos un pasaporte biométrico y tarjeta
de identidad consular y varios certificados consulares en otro.
Además,
subraya que les declararon mayores de edad tan sólo por su negativa de
someterse a pruebas médicas y que los menores no fueron asistidos por
ningún tutor ni representante legal.
En sus resoluciones, el Comité recuerda que los documentos deben considerarse auténticos salvo prueba contraria,
y que todo menor no acompañado será considerado documentado si se
encuentra en posesión de un pasaporte o documento similar.
Insiste
asimismo en que la negativa a someterse a pruebas médicas no debe ser
utilizada para declarar la mayoría de edad, que debe tenerse en debida
consideración la declaración de los niños, y que es de vital importancia
conceder el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando.
"Daños irreparables"
Según Naciones Unidas, España habría vulnerado los artículos 20 y 22 de la Convención
que recogen la obligación de permitir formalizar la solicitud de asilo y
registrarla pues considera que privar a los niños de solicitar
protección internacional por no tener un tutor legal les expuso a un
riesgo de sufrir un daño "irreparable ante una inminente devolución a
sus países de origen".
Asimismo, Naciones Unidas considera que España ha
incumplido el artículo 6 de la Convención por entender que, ante la
presunción de mayoría de edad junto con documentación que acredita su
minoría, debería haberles protegido y ha recordado que España está
obligada a respetar las medidas provisionales que previenen y evitan un
daño irreparable a los niños.
Por ello, el Comité ha obligado a España a proporcionar a los niños una reparación efectiva por las violaciones sufridas,
que incluye la regularización de su situación administrativa en España y
la corrección de la fecha de nacimiento en sus tarjetas de asilo
conforme a la fecha acreditada en los documentos oficiales a los que la
Fiscalía no dio validez.
Naciones Unidas, en su dictamen, insta a España a evitar que se cometan violaciones similares en el futuro
y a asegurar que "a estos menores se les asigne un representante legal
cualificado, u otros representantes de forma gratuita, durante el
procedimiento de determinación de la edad, así como un tutor a los que
sean solicitantes de asilo, para que puedan formalizar dicha solicitud
sin excepción".
Para la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes
Reyzábal, los dictámenes de "Naciones Unidas son mucho más que un tirón
de orejas a España".
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