jueves, 19 de julio de 2018

La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”

MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el “arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.

Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio. En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un material explosivo”, dicen esas fuentes.

Una filtración en el momento clave

Las fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.
Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”, que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que conocía Villarejo.
El ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo aún más preocupante”.

“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”

Los cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.
En Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de grabaciones, informes y documentación que Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la luz”.
En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.

Amenaza contra la Monarquía y el Estado

Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.
Por tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.
Los especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.
El material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un escenario que inquieto al Gobierno.
Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos, desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no desea.
En ese sentido, las fuentes consultadas reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo Iglesias”. 
Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.

“La Audiencia Nacional decide”

Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.
El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.
Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.
En el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.

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