ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) va a celebrar una audiencia pública el día 14 para dirimir si la
licencia municipal de obras que permitió la construcción del hotel de
Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras es
nula o, por el contrario, es ajustada a derecho.
La sala de lo contencioso ha citado a las partes a partir de las
11,00 horas para resolver sobre el recurso contra la sentencia del
juzgado nº 2 de Almería que en septiembre de 2008 anuló la licencia
al considerar que vulnera la normativa en materia de costas y de medio
ambiente, según han informado fuentes judiciales.
El fallo señaló como "incontestable", a la vista del examen de la
documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para
la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio
protegido" y "no era urbanizable" pese a lo sostenido por la Consejería
andaluza de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, "no
incompatible con el uso urbanístico".
En esta misma resolución, su entonces titular, el magistrado Jesús
Rivera, apuntó que la Junta de Andalucía había realizado lo que tildó
como "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de
Gata-Níjar publicada oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por
otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta
guisa" la obra en terrenos de especial protección.
La decisión que en un sentido u otro adopte el Alto Tribunal
andaluz podría suponer el impulso definitivo para que se resuelva el
conflicto en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411
habitaciones, cuya construcción fue paralizada de manera cautelar por
orden judicial hace ocho años cuando se encontraba a más de un 90 por
ciento de ejecución y a dos meses vista de abrir sus puertas al público
según sostivo siempre la promotora.
El último hito en el largo periplo judicial se produjo hace un
mes. El TSJA resolvió validar el derecho de retracto ejercido por la
Junta andaluza en 2006 sobre cinco fincas de Azata en los sectores ST-1 y
ST-2 del paraje y por tanto la adquisición de los terrenos sobre los
que se asienta la edificación por 2,3 millones de euros y su inscripción
como suelo de titularidad pública.
Con anterioridad, el mismo tribunal ya se pronunció sobre una de
las cuestiones que derivó en la anulación de la licencia municipal de
obras y, en octubre de 2012, declaró "espacio protegido no urbanizable"
el sector de paraje de El Algarrobico ante los indicios de que la
normativa medioambiental aprobada en 2008 para el parque natural de Cabo
de Gata por la Junta podría reactivar el "uso turístico" del
establecimiento. Así, el sector ST-1 consta como suelo no urbanizable
desde el 23 de marzo la Junta publicó en BOJA la declaración.
Cabe recordar, asimismo, que otras tres sentencias del Tribunal
Supremo (TS) declaran la ilegalidad del hotel por invadir de forma
parcial los 100 metros de servidumbre del dominio público
marítimo-terrestre que establecía la Ley de Costas recientemente
derogada. Ninguna se pronuncia de forma expresa sobre el derribo o la
restauración en la zona de la legalidad urbanística.
La restauración ambiental del paraje, una vez se proceda a la
demolición del hotel de Azata del Sol, va a precisar una inversión de
1,5 millones, según se recoge en el informe elaborado por la empresa
estatal Tragsa que fija el coste global de las actuaciones en 7,1
millones de euros. El estudio, encargado por Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Junta andaluza en virtud de un convenio
firmado por ambas administraciones para asumir al 50 por ciento los
costes, cuantifica en 3,9 millones de euros los necesarios para la
demolición.
Por otro lado, la promotora del hotel elevó en septiembre tres
recursos ante el Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento en los que
reclama una indemnización conjunta y solidariamente de 70 millones de
euros para resarcir los "daños y perjuicios" derivados de lo que
considera un "anormal funcionamiento" de la administración según la
tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del
suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta el daño moral,
material y el descrédito empresarial a la mercantil.
900 viviendas ilegales no se podrán regularizar
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha indicado este jueves que de las aproximadamente 13.000 viviendas ilegales que se encuentran en la provincia de Almería habría unas 900 cuya situación "no se podría regularizar" dado que se asientan en suelo "especialmente protegido" o porque ya cuentan con "algún tipo de sentencia judicial" que ordena su demolición.
Así lo ha indicado Serrano durante su visita a las obras de conducción de agua al pantano de Cuevas del Almanzora donde ha manifestado que el Gobierno andaluz está comprometido a hacer "normas generales para solucionar los problemas de todos los ciudadanos de Andalucía" para lo que "tendremos que ir a la generalidad y no a los problemas concretos" en relación a las viviendas irregulares.
Preguntada por la reciente demolición de dos viviendas en Cantoria propiedad de ciudadanos británicos, la titular de Medio Ambiente ha incidido en que la Junta ha cumplido "una sentencia judicial firme" en la que el promotor había sido condenado, entre otros aspectos, a restituir la naturaleza del terreno e indemnizar a los compradores de dichas viviendas.
"Es una problemática que viene desde 2003 cuando comenzó la ejecución de unas viviendas que no tenían la consideración de legales de acuerdo con el planeamiento y que sabía que no se podían ejecutar", ha añadido Serrano quien, con respeto al resto de viviendas, ha reiterado su "compromiso" para "solucionar los problemas" de regularización salvo en los casos en los que se den sentencias "que no podemos dejar de cumplir".
La consejera ha pedido también un "compromiso político fuerte" a los ayuntamientos afectados por tener viviendas fuera de ordenación para que "se pongan a trabajar codo con codo con la Junta de Andalucía".
"Esta consejera está abierta a solucionar cualquier tipo de problemática con los alcaldes, a tener reuniones, a establecer conversaciones y a poder ayudar en todas aquellas problemáticas que tengan respecto a su planeamiento", ha dicho.
900 viviendas ilegales no se podrán regularizar
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha indicado este jueves que de las aproximadamente 13.000 viviendas ilegales que se encuentran en la provincia de Almería habría unas 900 cuya situación "no se podría regularizar" dado que se asientan en suelo "especialmente protegido" o porque ya cuentan con "algún tipo de sentencia judicial" que ordena su demolición.
Así lo ha indicado Serrano durante su visita a las obras de conducción de agua al pantano de Cuevas del Almanzora donde ha manifestado que el Gobierno andaluz está comprometido a hacer "normas generales para solucionar los problemas de todos los ciudadanos de Andalucía" para lo que "tendremos que ir a la generalidad y no a los problemas concretos" en relación a las viviendas irregulares.
Preguntada por la reciente demolición de dos viviendas en Cantoria propiedad de ciudadanos británicos, la titular de Medio Ambiente ha incidido en que la Junta ha cumplido "una sentencia judicial firme" en la que el promotor había sido condenado, entre otros aspectos, a restituir la naturaleza del terreno e indemnizar a los compradores de dichas viviendas.
"Es una problemática que viene desde 2003 cuando comenzó la ejecución de unas viviendas que no tenían la consideración de legales de acuerdo con el planeamiento y que sabía que no se podían ejecutar", ha añadido Serrano quien, con respeto al resto de viviendas, ha reiterado su "compromiso" para "solucionar los problemas" de regularización salvo en los casos en los que se den sentencias "que no podemos dejar de cumplir".
La consejera ha pedido también un "compromiso político fuerte" a los ayuntamientos afectados por tener viviendas fuera de ordenación para que "se pongan a trabajar codo con codo con la Junta de Andalucía".
"Esta consejera está abierta a solucionar cualquier tipo de problemática con los alcaldes, a tener reuniones, a establecer conversaciones y a poder ayudar en todas aquellas problemáticas que tengan respecto a su planeamiento", ha dicho.
Derrumbando las viviendas ilegales de los ingleses a ritmo de cuatro cada año, durará 225 años para tirar las 900 casas 'ilegales', mientras que 'regularizarán' (¿que quiere decir esto?) los 12,100 viviendas 'alegales'.
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