CANTORIA.- Dos de las cuatro viviendas edificadas en el
paraje Las Terreras, en Cantoria, por las que ha renunciado a
su acta de concejal el exalcalde Pedro Llamas tras ser inhabilitado en
firme han sido demolidas este lunes para dar cumplimiento tanto a la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería como a la vía
administrativa emprendida por la Junta, que ya daba vía libre a su
derribo en 2007.
La actuación responde a la petición de ejecución forzosa realizada
por la Junta andaluza el pasado mes de agosto y a la que dio respuesta
el tribunal de la Sección Segunda en una providencia de 10 de septiembre
en la que señalaba que no había "inconveniente en que se dé inicio en
la reposición de la realidad física alterada al coincidir los
pronunciamientos" tanto de la vía penal como de la vía administrativa.
En virtud de la autorización de actuaciones para restablecer la
legalidad urbanística, la Junta ha procedido este lunes a la demolición
de dos de estas viviendas, una todavía mera estructura, tras alcanzar un
acuerdo con los propietarios, a los que se dio un plazo de dos meses
para abandonar la casa, según han indicado fuentes de la
administración autonómica.
La actuación, que ha transcurrido con "normalidad", deberá ser
sufragada por el promotor de las viviendas vendidas a ciudadanos
británicos, al que la Junta pasará la factura, y que también, según la
sentencia confirmada en mayo por el Tribunal Supremo (TS), deberá
indemnizar a los compradores "de buena fe".
En agosto de 2004, la Junta abrió un expediente sancionador contra
el constructor a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por el desmonte de los terrenos
sin autorización y que terminó con la imposición de multa y la
obligación de la reposición del medio "a su ser y a su estado anterior".
Esta orden fue desobedecida y se construyeron las cuatro
edificaciones residenciales en suelo no urbanizable de carácter rural
sin licencia municipal que las amparase y sin ser autorizables al estar
realizadas sobre suelo cuyo destino no estaba relacionado con fines
forestales, agrícolas o ganaderos, por lo que se inició otro expediente
administrativo.
La sentencia a la que se ha dado cumplimiento este lunes, después
de un providencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 10
de septiembre en la que se comunicaba que no había inconveniente para
que se procediera a la reposición de la legalidad física, sí estipulaba
que los propietarios de las casas debían ser indemnizados por el
promotor, F.P.M., quien deberá correr, asimismo, con los gastos de la
demolición.
Fuentes de la administración autonómica han indicado hoy que, tras requerimientos para la ejecución voluntaria de la vía
administrativa, mediante oficios en 2007 y en 2012, los derribos no se
habían acometido, por lo que tras confirmar el pasado mes de mayo el
Supremo la ilegalidad de la construcción, la administración recurrió a
la vía penal.
Las mismas fuentes han precisado que las costas de derribo
correrán a cargo del promotor, condenado a cárcel, que también tendrá
que sufragar la demolición de las otras dos viviendas levantadas en la
parcela 200 del paraje Las Terreras para restablecimiento de la
legalidad urbanística alterada.
El exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23
meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la
verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la
Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el
suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas
construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni
incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.
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