SEVILLA.- La socialista Susana Díaz ha sido elegida este
jueves por el Pleno del Parlamento como nueva presidenta de la Junta de
Andalucía, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A. En
concreto, la candidatura de Díaz ha recibido 58 votos favorables y 48 en
contra.
En total, se han emitido 106 votos, con lo que han faltado tres
diputados, dos del PP-A, Esperanza Oña y José Antonio Nieto, y Juan
Manuel Sánchez Gordillo, de IULV-CA y dirigente de la CUT-BAI, formación
que esta semana se mostraba en contra de apoyar a Díaz como nueva
presidenta.
El Parlamento ha desarrollado durante este miércoles y jueves el
debate de investidura para la Presidencia de la Junta, en el que Susana
Díaz, que era la única candidata, ha expuesto sus objetivos al frente
del Gobierno andaluz, entre ellos, la lucha contra la corrupción.
Está previsto que Susana Díaz, que accede a la Presidencia tras la
renuncia de José Antonio Griñán, tome posesión del cargo el próximo
sábado, con lo que se convertirá en la primera mujer al frente del
Gobierno andaluz, algo que ella misma ha calificado como un cambio
"histórico".
Susana Díaz tomará posesión del cargo el sábado en un acto que se
celebrará en el Parlamento y al que está previsto que asistan el
expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los expresidentes de la
Junta de Andalucía.
A partir de ese momento, comenzará a trabajar en la configuración
de su Gobierno y a contactar con sus futuros integrantes, que,
previsiblemente, se conocerán el lunes, según han informado fuentes de la Junta.
Durante su discurso de investidura, Susana Díaz anunció varias
medidas de cara al "nuevo tiempo" que se abre en Andalucía,
comprometiéndose con combatir con todas sus "fuerzas" la corrupción, que
es algo que le "avergüenza".
Así, Díaz anunció varias medidas para combatir la corrupción, como
una modificación legal para que se fortalezcan y amplíen la
competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mejorando su
capacidad de control, y promover una reforma legal con el objetivo de
prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos, a través de
una iniciativa legislativa que se traslade al Congreso de los Diputados.
La nueva presidenta también se comprometió a impulsará un "acuerdo
político" que comprometa, ya que "legalmente no sería posible", a que
los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía
presenten también sus declaraciones de renta y de bienes y actividades,
aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su
nombramiento como en el del cese.
Asimismo, se marcó como otro objetivo esencial impulsar una "gran
iniciativa con amplísimo consenso político, social y ciudadano" para
definir "de común acuerdo" una "renovada estrategia de crecimiento
económico y social" de Andalucía en la que considera necesario "pasar de
la subvención al incentivo".
Garantizó que su futuro Gobierno "de izquierdas" hará una
"política económica de reevaluación de los activos, posibilidades y
capacidades" de la comunidad autónoma "frente a la devaluación de
salarios y empleo que defienden los gobiernos conservadores y
neoliberales de la derecha" y con el objetivo de "poner en valor la
ética social frente a la ausencia de valores de esa austeridad mal
entendida convertida en pretexto para reducir o acabar con los logros
sociales", ya que ha defendido que "una economía más competitiva no
exige ciudadanos más pobres".
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