ALMERÍA.- Los informes de la Agencia Tributaria (AEAT)
que permitirán cerrar tras cuatro años de instrucción el sumario del
caso 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción política y
empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido serán
entregados al magistrado Jesús Miguel Hernández "antes de que finalice
2013" tras el análisis, por parte de los funcionarios de Inspección
financiera con sede en Almería, de un terabyte de información en soporte
digital y 200.000 folios de documentación intervenida.
Así lo han indicado hoy fuentes del organismo que han
precisado que el equipo de auxilio judicial está "ultimando" las citadas
periciales "definitivas" si bien desde la AEAT se han remitido ya "ocho
informes de avance y conclusiones provisionales" al instructor de la
macrocausa, que se judicializó en abril de 2009 y derivó seis meses
después en la intervención del Consistorio ejidense y la detención de
una veintena de personas.
El exalcalde del PAL Juan Enciso fue encarcelado durante más de
ocho meses al igual que el exinterventor municipal José Alemán y los
administradores de los grupos empresariales presuntamente implicados en
la trama.
Desde la AEAT han trasladado que al expediente del caso
'Poniente', que derivó de investigaciones realizadas por la Unidad de
Planificación y Control en torno a la empresa mixta de servicios
municipales (Elsur), participada al 30 por ciento por una filial de
Abengoa, y sus subcontratas, están asignados desde finales de 2009
"efectivos dirigidos por un inspector de Hacienda del Estado", que
suponen una "porción muy relevante" de la plantilla de funcionarios, y
han remarcado que no pudieron empezar a trabajar con la "ingente
documentación intervenida y digitalizada" hasta el mes de "julio de
2012".
"Desde el comienzo los medios asignados han sido extraordinarios
para la dotación de personal de la AEAT existente en Almería y el
espíritu de colaboración se ha manifestado, además de en el volumen de
medios humanos asignados, en la realización de tareas ajenas a su
competencia como es el escaneado de la documentación, con el único
objetivo de impulsar el avance del proceso penal", han señalado desde la
AEAT.
Cabe recordar que vocales del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en una reciente visita expresaron su "preocupación" por la demora
en la instrucción del mayor caso de corrupción de la provincia y
anunciaron que urgirían a la AEAT para que concluyese los peritajes que
mantienen abierto el sumario y a los que achacaron las dilaciones en la
apertura de juicio oral por parte del magistrado Jesús Miguel Hernández.
Según los datos facilitados por el organismo, el juzgado concluyó
la organización y el escaneado, con auxilio de la AEAT, de la
documentación que fue intervenida en papel a finales de 2010. En total,
"más de 500 archivadores con unas 400 páginas aproximadamente cada una".
Además de la documentación intervenida en papel, también se ha
tenido que copiar y analizar, por parte del equipo de auxilio judicial
de la AEAT, toda la información contenida en los soportes informáticos
que fueron incautados. Se trata de casi 1,7 millones de archivos
repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
De toda esta información ya se ha analizado, aproximadamente, el
90 por ciento, según la Agencia Tributaria, que ha remarcado que,
previamente, tuvo que depurar más de un terabyte de información para, de
este modo, eliminar los archivos de los sistemas operativos "que no
tenían relevancia alguna para la investigación".
"Gracias a los esfuerzos de la AEAT pudo empezar a analizarse la
documentación intervenida y se han emitido ocho informes de avance y
conclusiones provisionales que han sido remitidos ya al juzgado mientras
que las reuniones de coordinación de los funcionarios con la Fiscalía
anticorrupción y con los tres magistrados que han dirigido la
instrucción siempre han sido cordiales y fructíferas", ha concluido.
Los datos recogidos en la memoria de 2012 de la Fiscalía Superior
de Andalucía revelan que el caso 'Poniente' acumula a más de sesenta
personas imputadas, si bien llegaron a ser más de 80 personas, por
diversos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho, contra la Hacienda Pública, falsificación de
documentos y blanqueo de capitales.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería,
del que está al frente el juez Jesús Miguel Hernández, investiga a su
vez, entre otros, el crimen de la bebe de Palma del Condado (Huelva),
sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones desde el pasado
mes de diciembre y por el que están imputados y en prisión Jonathan Moya
y su amigo Raúl R.F.
El magistrado Hernández Columna se hizo cargo de la instrucción
del caso 'Poniente' tras la marcha en septiembre de 2010 de la jueza
Montserrat Peña, quien inició la investigación. Ocho meses después
acordó liberar la totalidad del sumario al alzar el secreto de las
piezas separadas sobre el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, el
exinterventor municipal, José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense',
administrada por Enciso y su mujer.
La operación, por la que se imputa a los alrededor de 80
implicados la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales
públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias,
blanqueo de capitales y falsedad documental, estalló el 20 de octubre de
2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional de las
oficinas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y del
Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL.
Se produjo así la detención de 20 personas entre las que se
encontraban el propio Enciso, Alemán, y los empresarios José Amate, Juan
Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, además de sus entornos
familiares.
El sumario, cuyo contenido mantuvo encarcelado durante ocho meses
al exregidor, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo
Abengoa. De este se desprendía hasta el momento que las sociedades de
los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios
Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en su
mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años
2002 y 2007.
Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal
perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a
través de las citadas subcontrataciones con Elsur y extiende la
investigación a una presunta trama de corrupción urbanística en torno a
Desarrollo Urbanístico de El Ejido.
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