jueves, 25 de julio de 2013

La Defensora del Pueblo pide programas concretos para evitar la desnutrición infantil

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a las comunidades autónomas que pongan en marcha programas específicos para atender las necesidades de alimentación de la población infantil ya que, según ha indicado, con las acciones que se llevan a cabo actualmente, "la tramitación de las ayudas sufre demoras por el incremento de las solicitudes y por la falta de disponibilidad presupuestaria".

   Becerril ha lanzado la petición después de conocer y analizar la información sobre las acciones de las regiones en materia de nutrición infantil que solicitó el pasado mes de junio, de cara a la proximidad de las vacaciones de verano, época en que los niños no acuden a la escuela y, por lo tanto, es más difícil hacerles llegar las ayudas a través de otros centros o programas.
   Por otra parte, ha recomendado también que se mejore la colaboración entre centros educativos, centros de salud y servicios sociales para que actúen de forma coordinada y unitaria en la atención a las situaciones de insuficiencia alimentaria que se puedan producir.
   La institución ha destacado, no obstante, que, de acuerdo a la información remitida por las administraciones públicas, "en todas las comunidades existen instrumentos de carácter general para paliar situaciones de pobreza y exclusión social", entre las que ha destacado las rentas mínimas, ayudas de emergencia, becas de comedor y ayudas para vivienda.
   Además, en varias de las comunidades autónomas se han realizado o se están llevando a cabo estudios para evaluar la situación de la población infantil en materia de nutrición y se han activado iniciativas específicas para combatir la malnutrición infantil a través de las escuelas. En algunas regiones también se está dando prioridad en las concesiones de las ayudas generales de renta mínima a las familias con hijos, según destaca el informe.
   Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia, sin embargo, aseguran en su informe "no haber constatado" un aumento de los problemas de nutrición entre la población infantil por lo que, al igual que Castilla y León, no han puesto en marcha programas adicionales, debido a que las medidas existentes "permiten dar respuesta a la necesidad de una alimentación adecuada de los menores".

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