MÁLAGA.- Un grupo de voluntarios se reúnen este fin de semana en Málaga para recibir formación sobre cómo colaborar en caso de que se produzcan vertidos de hidrocarburos en el litoral de Andalucía. Además, reciben conocimientos sobre tareas de limpieza, apoyo y manejo de la fauna.
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha inaugurado este sábado en Málaga las jornadas, que reúnen a 60 voluntarios, y que se realizan por la necesidad de "estar en guardia", fundamentalmente tras lo sucedido con el Prestige, ha dicho.
La Junta, ha precisado, inició entonces trabajos y planes específicos de autoprotección y ha informado de que toda la zona atlántica y parte de la mediterránea de Andalucía tienen ya estos planes. Además, ha agregado que es "importante articular la capacidad técnica y la responsabilidad institucional de las distintas administraciones con las redes de voluntarios".
En Andalucía, hay una red de más de una docena de organizaciones de voluntariado, entre las que ha citado, en Málaga, el Aula del Mar. Redes que ayudan en tareas de respuesta inmediata ante un posible vertido. Y es que el litoral andaluz es una zona con "abundante tráfico de barcos y sobre todo de hidrocarburos".
"La zona del Estrecho es la puerta de entrada al Mediterráneo y estar en guardia siempre es importante. Hay más de 100.000 barcos que se mueven al año y más vale prevenir que curar", ha sostenido Díaz Trillo, quien ha abogado por estar preparados para hacer frente a este tipo de contingencias.
Este curso, que tiene clases teóricas y prácticas, permitirá a los participantes conocer técnicas de limpieza y gestión de los residuos, la descontaminación del material y equipos, los efectos de los productos petrolíferos sobre la fauna, así como el rescate, manejo y estabilización de los animales afectados por estos vertidos.
Esta iniciativa se encuadra del programa europeo Arcopol, en el que participan España, Irlanda, Reino Unido, Francia y Portugal con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones regionales ante los casos de contaminación accidental marina, especialmente en lo relativo a los hidrocarburos, sustancias peligrosas y nocivas y vertidos inertes.
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