lunes, 29 de agosto de 2011

Llevan al juzgado de lo Contencioso nueve nóminas de cargos de Diputación para aclarar el pago de trienios

ALMERÍA.- El equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Almería (PP) ha aprobado en su última junta de gobierno nueve declaraciones de lesividad de nóminas que pesan sobre los salarios del expresidente de la Diputación Provincial de Almería Juan Carlos Usero (PSOE) y el exvicepresidente José Añez (PAL), entre otros, con el fin de aclarar qué administración pública debe abonar los trienios de estos nueve cargos que desempeñaban funciones en la institución provincial tras solicitar una excedencia en la Junta de Andalucía, asunto que finalmente se somete a una cuestión contenciosa que resolverá un juez. 

   Según los dictámenes aprobados por la junta de gobierno, las declaraciones de lesividad afectan a los exdiputados José Añez, Francisco Sánchez, Antonio Juan Romero y Juan Carlos Usero además de la directora de Servicios Sociales, Julia Hernández, el director del Área de Drogodependencias, Francisco Andrés, el director del Instituto de Tutela, Agustín López, y dos cargos de confianza más. A estos, se añade el plus de adaptación a nuevas tecnologías sobre un funcionario.
   La cuantía conjunta de todos los trienios, que, según el último informe emitido desde la sección de Personal se ha cobrado "indebidamente" de la Diputación, es de 20.812 euros, de los 9.060 euros corresponden únicamente a la nómina de Añez, mientras que la de Usero es de 2.246 euros. No obstante, esta cuestión fue abordada por el anterior equipo de gobierno, que ya observó la existencia de dos informes contradictorios, lo que motivó el inicio de los expedientes.
   Según ha explicado el expresidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, en 2007, un informe señalaba que los empleados, cargos políticos o de confianza que habían entrado en una situación administrativa de servicios especiales al tomar una excedencia de su anterior puesto en la anterior administración, en este caso, la Junta de Andalucía.
   Con esto, el pasado mes de abril, a consecuencia de un recurso presentado por el exdiputado de IULV-CA Antonio Romero con el fin de que le reconozcan unos trienios, la abogada asesor realiza un segundo informe donde, en base a una sentencia de TSJ de Cataluña de 2006, determina que "no es posible que a uno se le reconozcan nuevos trienios cuando se está en la situación de servicios especiales". Esto se muestra contrario al primer informe, sobre el que Intervención no reveló "problemas" durante cuatro años.
   Ante esto, fue la entonces diputada de Personal y Régimen Interior Luisa Jiménez quien inició el expediente que llevara a aclarar la situación de cobro por parte de la administración pertinente. "La administración no puede ir en contra de sus propios actos", añade Usero, quien explica que éstos expedientes han tenido continuidad con el actual equipo de gobierno.

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