ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado este martes en sesión plenaria ordinaria un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,2 millones de euros con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE) y del PAL, mientras que el resto de formaciones (PP e IULV-CA) se han mostrado en contra de este punto tal y como ya lo hicieron anteriormente en la comisión pertinente en la que se trató el asunto al considerar que podrían existir "ilegalidades".
Durante la sesión, el diputado provincial de IULV-CA y portavoz de su grupo, Antonio Romero, ha puesto de manifiesto una serie de aspectos con los que ha pedido que el punto "se deje sobre la mesa" para que el interventor pudiera dar "garantías" de su aprobación más adelante, ya que según sus observaciones, había facturas de las que "no se sabe su naturaleza", otras "sin acto administrativo" y otras relativas a "publicidad institucional", entre otros aspectos.
Por su parte, el portavoz del grupo del PP, José Fernández, ha calificado de "demoledor" el informe de Intervención relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito pues, bajo su interpretación, indica que la actuación "se salta a la torera el procedimiento y desvirtúa el verdadero sentido del mismo" debido a que, entre otras características, "se están fraccionando contratos" según el portavoz del principal grupo opositor.
Asimismo, el debate ha adquirido tintes electorales cuando Fernández ha acusado al presidente de la Diputación y candidato a la Alcaldía de Almería en las próximas elecciones, Juan Carlos Usero (PSOE), de dar un servicio municipal a la institución y "pagar una procesión y un pasacalles" a un barrio de la capital. "Quiere convidar a esos ciudadanos pagándoles 2.000 euros para una procesión hermosa, y así hace su precampaña", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha advertido que la Diputación "enmascara subvenciones".
Ante estas acusaciones, el portavoz del PSOE en la Diputación, Luis Pérez, ha precisado que la factura a la que hacía referencia el PP corresponde a mayo de 2010 cuando "nadie estaba pensando en una campaña y no había candidato" y que estuvo destinada a propiciar una banda de música. De esta manera, se ha referido al periodo de gobierno en la Diputación del actual alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, en la que "se daban subvenciones a la asociación de amigos del tango" y también ha hecho alusión al regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), del que ha dicho que "pagó una fuente en Íllar".
En relación al informe de Intervención, Pérez ha defendido que el expediente sigue el "cauce adecuado" para su aprobación, por lo que ha rechazo el que fuera pospuesto así como las supuestas "ilegalidades" alegadas por el PP, un extremo que ha vuelto a defender Fernández en su segunda intervención en la que ha apelado nuevamente a las conclusiones del informe para asegurar que la intención del equipo de gobierno es "convalidar actos nulos y que no han seguido el procedimiento". Asimismo, le ha reprochado que "centrara su intervención" en los alcaldes de Almería y Roquetas.
Pérez ha advertido así el primero en "hablar de campañas" ha sido el PP, al que ha acusado de activar "mecanismos de hipocresía" ante las acusaciones vertidas. De esta forma, tras aprobar este asunto por un voto de diferencia gracias al apoyo del PAL, el diputado provincial del PP Miguel Ángel Castellón ha solicitado al presidente un informe jurídico sobre la necesidad de abstenerse en una votación al existir relaciones familiares entre uno de los diputados y una de las empresas a las que afecta el reconocimiento extrajudicial de créditos.
En este sentido, el diputado provincial del PAL Ángel Díaz ha puntualizado que "si tuviera constancia de tener que abstenerme, lo haría" ya que, por alusiones, ha señalado que uno de sus hermanos es socio de la una de las empresas de producción audiovisual englobada en este expediente.
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