ALMERÍA.- Son seis páginas firmadas por el interventor de la Diputación de Almería que preside el también candidato a la Alcaldía por el PSOE Juan Carlos Usero, y ellas deja en evidencia que está utilizando el reconocimiento extrajudicial de crédito “como una posibilidad regulada para realizar sistemáticamente gastos sin la suficiente consignación presupuestaria”, y afirma que “esta práctica vulnera el principio general presupuestario respecto al carácter limitiativo de los créditos de gastos”.
Ha sido el portavoz del grupo popular, José Fernández, quien ha hecho público este informe que cuestiona de un modo contundente cómo ha gestionado Usero las cuentas públicas. Fernández ha justificado con él en la mano que su grupo votó no a que se lleve a pleno el próximo martes el reconocimiento extrajudicial de crédito que quiere aprobar el PSOE, a pesar de que en la comisión informativa de Hacienda IU también se opuso y el PAL se abstuvo.
El popular ha criticado en primer lugar que cuando el PP lleva un punto a la comisión informativa correspondiente y no recibe un respaldo mayoritario, el presidente Usero no lo lleva a pleno, pero que en este caso, a pesar de estar dictaminado en contra por la mayoría está incluido en el orden del día. Fernández dice que eso es jurídicamente “desvío de poder”.
El portavoz además ha advertido que si llega a pleno, y resultara aprobado porque el PAL lo apoyara, tomarían las medidas legales oportunas, puesto que entienden que el informe del interventor deja meridianamente claro la existencia de irregularidades clamorosas.
El interventor habla de que hay obligaciones de pago por servicios o suministros no sometidos a la preceptiva autorización, todo lo cual suma 566.076,85 euros, es decir más de medio millón.
El informe habla también de la “falta de presupuestación” al incluir en ese reconocimiento extrajudicial facturas de servicios que son gastos fijos de la propia Diputación, como reparación de maquinaria, material de oficina, telefonía, franqueo de cartas, agua, electricidad, víveres o reparación de vehículos.
En otro apartado, el interventor alude a la utilización irregular que ha hecho Usero de las subvenciones, ya que en algunas de ellas “no se puede discernir la naturaleza contractual o subvencional de las mismas como consecuencia de los gastos” (se subvenciona algo pero no se aclara exactamente qué es lo que se subvenciona).
Es más, el interventor sostiene que el equipo de Gobierno ha hecho gastos con conocimiento de que no existe consignación presupuestaria, lo cual podría acarrear una responsabilidad por parte de quien contrae la obligación. No se puede contratar sabiendo que no existe consignación y esperar al expediente de reconocimiento de créditos para subsanar la actuación”.
El capítulo de publicidad institucional, donde Usero intentará pagar 167.579 euros que aún debe de 2010, el interventor añade que “detraer recursos que no son de estricta competencia de la Diputación puede dar lugar a la falta de medios para atender gastos obligatorios”.
En definitiva, el informe lo que concluye es que Usero ha utilizado el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos para colar el pago de servicios que han sido contratados irregularmente o de modo directamente ilegal, además añade que lo ha hecho “a sabiendas”.
Apunta que “las formas en la contratación administrativa son capitales no sólo por la necesidad de que los actos administrativos negociales precisen de procedimiento administrativo formalizado, sino por la absoluta preeminencia del principio de transparencia en el manejo de los fondos públicos”, según recoge 'Noticias de Almería'.
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